VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0443/2019-S2

En ese sentido, las autoridades demandadas dieron a entender que concurría el riesgo procesal contenido en el art. 234.10 del CPP, señalando que la imputada podría ser un peligro para la víctima  toda vez, que existe una imputación formal en su contra interpuesta por la misma víctima; motivación que resulta arbitraria, puesto que el hecho que se hubieran abierto investigaciones contra la impetrante de tutela, no acredita, por sí mismo, ese riesgo procesal de fuga, a partir de la peligrosidad criminal efectiva a la que alude el precepto en examen; es más, en el caso concreto no se tiene acreditado que a la imputada se le hubiera comprobado la comisión de delitos; quien, al contrario, presentó un Certificado del REJAP que acredita que no cuenta con antecedente de sentencia penal condenatoria ejecutoriada, por lo que la fundamentación de las resoluciones impugnadas resultan evidentemente subjetivas; puesto que, se basan en una simple suposición que, como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico II.3 del presente Voto Disidente, no está permitida por el orden constitucional por vulnerar el debido proceso, como aconteció en el caso de autos.