SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0412/2019-S4

El Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 26 de octubre de 2018, cursante de fs. 35 a 36, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se impugnó a la Resolución Jerárquica 072/2018, pronunciada por la Fiscal Departamental de Pando, a quien por Nota de 24 de agosto de 2018, el Fiscal de Materia le remitió el cuaderno de investigaciones, lo que evidenció que pronunció su Resolución dentro del plazo establecido en el art. 324 del CPP; 2) De la revisión y análisis de la Resolución observada, se demostró que la misma contiene la suficiente fundamentación en la decisión de revocar el sobreseimiento emitido por el Fiscal de Materia, pues no valoró el hecho de haberse efectuado llamadas después de la investigación a los teléfonos 63815728 de propiedad de Rubén Darío Rojo Bautista y el 78201378, de propiedad del accionante, porque así lo demostró el registro de tráfico de llamadas emitido por TELECEL S.A.; por lo que, se ordenó la complementación de actos investigativos, dentro de las facultades del Ministerio Público como autoridad competente para ejercer la persecución penal pública y dentro del ámbito del art. 171 del CPP, referido a la libertad probatoria; es así, que dichos actos investigativos deben ser valorados por la autoridad judicial correspondiente a través de los medios de impugnación pertinentes, además de que pueden favorecer al accionante; y 3) Respecto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se pretende que la justicia constitucional valore pruebas, pese a ser atribución exclusiva de los tribunales ordinarios.