SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2019-S4
Fecha: 12-Jul-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2018, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, considerando latente el riesgo procesal previsto en el numeral 10 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante esa determinación, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 335 de 3 de diciembre del mismo año, declaró admisible e improcedente la apelación, sin considerar que la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1174/2011-R de 29 de agosto, determinó que por un solo riesgo procesal es innegable la libertad, además, desconociendo la existencia de medidas sustitutivas suficientes, previstas en el art. 240 del CPP, que aseguran que el imputado esté reatado al proceso en todas las instancias, agravando su situación al mantener latente el riesgo de obstaculización previsto en el numeral 2 del art. 235 del citado Código adjetivo penal, hasta la ejecutoria de la sentencia cuando en realidad ni siquiera ha sido aún procesado, olvidando el principio de favorabilidad y emitiéndose una Resolución sin la debida fundamentación, congruencia menos motivación para establecer que un riesgo de obstaculización deba mantenerse indefinidamente.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El debido proceso y la fundamentación de las resoluciones. Jurisprudencia reiterada
- Uno de los componentes del debido proceso es la fundamentación de toda resolución que busca infligir una sanción
- las resoluciones que emiten las autoridades judiciales y administrativas deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones. Este deber de fundamentación, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica
- la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto,
- La congruencia por su parte, responde a la estructura misma de una resolución,
- III.3. Análisis del caso concreto
- i)
- CONFIRMAR