SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0555/2019-S4

II.2.    Mediante Sentencia de 11 de noviembre de 2018, dictada por el Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de Pando Valencio Huayta Limachi –ahora demandado–, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosita Flores Ruíz, Miguel Ángel Fernández García y Javier Aiguana Cartagena, por el delito de suministro de sustancias controladas, caso signado como “NUREJ 9011479 CASO SC-PD 1800037” (sic); en procedimiento abreviado dispuso la pena privativa de libertad de ocho años y sobre la incautación, refiere que: “…el representante del Ministerio Público, únicamente hizo mención a la Ley 913, y no demostró en audiencia que estos bienes pertenezcan efectivamente a los ahora sentenciados, por la cual el suscrito Juez al no tener acreditado por parte del acusador, que estos bienes pertenezcan a los acusados, no podría conceder directamente la solicitud de confiscación, tomando en cuenta que inclusive podría afectarse el derecho propietario de terceras personas. Pero tampoco puede dejar desprotegida la persecución penal que sigue el Estado, sino actuar en el marco del equilibrio, respecto del derechos de las partes y en tanto se justifique y demuestre con la documentación fehaciente, por lo que se dispone la incautación provisional de los siguientes bienes:…” (sic) (las negrillas son nuestras) (fs. 21 a 23 vta.).