SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2019-S3

En el ejercicio de la referida potestad de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede ingresar a revisar la actividad de jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, incluyendo los fallos emitidos por las Salas especializadas y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de resguardar el principio de unidad de la función judicial y por consiguiente el sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, garantizando el respeto a los derechos y garantías establecidos en la misma.

En este contexto, el recurso de casación constituye uno de los institutos jurídicos del sistema procesal recursivo sustanciales para conseguir la uniformidad de la jurisprudencia dentro de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, la sustanciación y resolución del mismo, desde una interpretación a partir de la Norma Suprema, debe basarse en los principios que sustentan la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos (art. 178.I de la CPE); y a su vez, en los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez (art. 180.I de la CPE).

El tratadista Hugo Alsina[2], al conceptualizar el recurso de casación refiere que, en la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho, los “tribunales locales” pueden interpretar los preceptos legales, llegando incluso a conclusiones contradictorias, surgiendo la necesidad de que un tribunal superior se encargue de mantener esa unidad a través de un recurso de naturaleza extraordinaria; esto último, debido a que los intereses de las partes se encuentran suficientemente garantizados en las instancias inferiores por las leyes procesales; por lo cual, no opera mientras no se hayan agotado todos los recursos ordinarios; en ese entendido, el instituto jurídico analizado no constituye una tercera instancia, en razón a que en su sustanciación se encuentran excluidas las cuestiones de hecho; por lo mismo, no puede ofrecerse pruebas nuevas ni alegarse hechos nuevos. Concordante con este criterio doctrinal, el extinto Tribunal Constitucional en su SC 1312/2010-R de 20 de septiembre, refirió lo siguiente: “…el recurso de casación, se excluye del conocimiento del fondo controvertido del litigio particular; es decir, ante la impugnación de una determinada resolución judicial, el juez o tribunal de casación, debe limitar su accionar a verificar si la sentencia que se impugna contiene o padece los defectos denunciados en el recurso, ya que el agraviado, al recurrir, se vale de una vía judicial que ha sido concebida con el propósito de defender la correcta actuación de la ley; en este sentido, las sentencias pronunciadas por los tribunales de justicia, deberán estar fundadas en el texto expreso de la norma legal, y a falta de ésta, en los principio jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, debiendo además, estar cimentadas en los motivos, justificaciones, argumentos razonados, objetivos, serios y completos vinculados en todo a lo que necesariamente es conducente y decisivo para alcanzar medianamente el raciocinio jurídico”.

Efectivamente, el art. 271 del CPC, referido a las causales que hacen a la procedencia del recurso de casación en materia civil, establece que: “I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores. III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista” (el subrayado es añadido); en consecuencia, considerando que existe una expresa prohibición de ingresar en el conocimiento del fondo del litigio, se aclara que la procedencia del recurso de casación por error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, hace referencia a la facultad que tiene el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Civil, de ejercer el control sobre la actividad valorativa de la prueba desplegada en la argumentación de la sentencia, únicamente a los efectos de procurar una correcta interpretación y aplicación de la ley, lo cual no implica en lo absoluto la posibilidad de revalorizar prueba que ya ha sido apreciada en la instancia correspondiente; al respecto, la SCP 1020/2015-S1 de 30 de octubre, señaló que: “…en materia ordinaria, la prueba es incensurable en casación; razón por la que, inclusive en fase casacional le está vedado al Tribunal Supremo de Justicia la revalorización de la prueba producida en instancias inferiores, a no ser que se demuestre grosero error de hecho y derecho…”.

El propio Tribunal Supremo de Justicia, en el AS 324/2018 de 2 de mayo, al abordar la temática de la producción de la prueba en casación, señaló lo siguiente: “La vasta jurisprudencia emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia con lo la cual comparte criterio este Tribunal Supremo, ha orientado en sentido que el recurso de casación es considerado como un medio impugnativo vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.