SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0692/2019-S2
Fecha: 12-Ago-2019
I.2.1. Ratificación de la acción
Los abogados de la accionante, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; enfatizando que de los informes cursantes en el proceso administrativo seguido contra su defendida, se establecía que ella no emitió ningún certificado a favor de Máximo Pablo Terrazas -en su calidad de Oficial de Registro Civil-, no valoró la declaración jurada ofrecida como prueba de descargo, en la que la esposa del nombrado afirma que “…en ningún momento conoció…” (sic) a su clienta y que obtuvo el certificado de nacimiento de su difunto cónyuge “Antonio Días” (sic), a quien canceló la suma de Bs200.-(doscientos bolivianos), aspecto que la excluía de cualquier responsabilidad administrativa, penal o civil. Añadió que, en el caso no existe prueba suficiente para sancionarla administrativamente; por lo que, efectivamente se lesionaron los derechos invocados en su acción constitucional, correspondiendo la nulidad de todo el proceso administrativo instaurado en su contra.
En respuesta a las preguntas realizadas por la Sala Constitucional Tercera, en sentido de la existencia de otra acción de amparo constitucional; indicaron que efectivamente se presentó una anterior garantía constitucional mediante la cual se logró la nulidad de la notificación hecha con la Resolución de recurso jerárquico, efectuándose una nueva diligencia que precisamente permitió interponer la presente acción de defensa, considerando que la notificación declarada nula los inhabilitaba a plantearla, por haber transcurrido en ese caso más de siete meses de su supuesta realización sin su conocimiento. Por otra parte, agregaron que al continuar con el procesamiento a su clienta, fue notificada el 31 de agosto de 2018, con la Resolución de su pedido de complementación y enmienda; y, la acción de amparo constitucional descrita se encontraba en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9. En virtud al fallo dictado en la acción de amparo constitucional antes descrita, se efectuó una nueva diligencia de notificación a la accionante con la Resolución de recurso jerárquico, el 20 de julio de 2018
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 18
- III.1. De las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional
- además de las causales de improcedencia descritas supra, se encuentra la contenida en el art. 55 del CPCo, referida a la inobservancia del plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional
- III.2. Del principio de inmediatez que caracteriza a esta acción tutelar
- La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial
- cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso
- es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo
- a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada la última decisión administrativa o judicial, cuando existan medios idóneos y específicos, ya que: ‘…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional
- el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, a partir de la comisión de los actos denunciados, de conocidos los hechos o de notificada la última decisión administrativa o judicial cuando existan medios idóneos y específicos, toda vez que cuando se reclama ante instancias no competentes, por medios inidóneos o de forma extemporánea, éstos, se reitera, no interrumpen el plazo de caducidad de seis meses establecido en las acciones de amparo constitucional, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica que impida la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso. En ese sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como plazo máximo para activar la acción de amparo constitucional, posibilitando a la jurisdicción constitucional un estudio de fondo sobre la problemática puesta a su consideración.
- Fragmento 27
- el incidente de nulidad es un instituto jurídico de aplicación en el ámbito jurisdiccional, el cual debe ser interpuesto con anterioridad a acudir a la vía constitucional, únicamente en trámites judiciales; sin embargo; en materia administrativa, conforme a lo expuesto en Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, esto no resulta razonable
- concurre el principio de subsidiariedad cuando se plantea recursos de manera incorrecta, que ocurre en el caso de planteamientos extemporáneos o equivocados, tal como ocurre en el presente caso
- la accionante debió acudir con anterioridad a la jurisdicción constitucional a efectos de reclamar la vulneración de sus derechos y no interponer incidente de nulidad de notificación de 12 de diciembre 2017
- III.5. Análisis del caso concreto
- serán ejecutadas inmediatamente
- 28 de febrero de 2019
- CONFIRMAR