SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2019-S1

Solicitó saneamiento simple de su lote inscrito en los registros de Derechos Reales (DD.RR.) de Quillacollo ubicado en el Municipio de Tiquipaya del departamento de Cochabamba con una extensión de 2 000 m², basándose en el testimonio 376/2001, en las certificaciones del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tiquipaya de 2011 y 2014 y de la Organización Territorial de Base (OTB) Sirpita Tiquipaya; en dicho trámite -signado como 2551- advirtió irregularidades e ilegalidades, pues admitida su solicitud, por informe de diagnóstico técnico de 19 de diciembre de 2014, se observó que el inmueble se encontraría en la jurisdicción del GAM de Colcapirhua, ordenándosele la presentación de una certificación de dicho Municipio, y; posteriormente, como consecuencia de otro informe legal, se le intimó a presentar una nueva certificación de la autoridad local respecto de su posesión y certificación del Municipio al cual pertenecía. Cumpliendo con ello, presentó la certificación emitida por el citado Municipio, habiendo sido iniciado el correspondiente procedimiento, en base a documentación que acreditaba que la propiedad estaría en la jurisdicción de Tiquipaya y Colcapirhua. Posteriormente, Elena Rivera de Muñoz indicó que el referida propiedad le pertenecía, en base a documentación que presentó y pidió declinatoria porque se encontraría en el radio urbano de Tiquipaya, oponiéndose al saneamiento; por ello, se dispuso verificar si las Ordenanzas Municipales que ratificaron el área urbana y rural de Tiquipaya estaban homologadas o aún en proceso.