SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0572/2019-S3

El debido proceso tiene como uno de sus componentes el derecho a la defensa, que se encuentra previsto en el art. 119.II de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”, norma constitucional que guarda relación con las garantías judiciales previstas en el art. 8.2 incs. d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),  referentes a el “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor” y al “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”; de esta forma, toda persona que intervenga en un proceso tiene la facultad de ser oída antes que se asuma una determinación, presentar las pruebas de descargo y hacer uso de los mecanismos de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico, en caso de no estar de acuerdo con la resolución emitida.

Así, el Tribunal Constitucional emitió la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, en la cual señaló que el derecho a la defensa es la: “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.