SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0575/2019-S3

De la jurisprudencia citada, se concluye que la legitimación pasiva es un requisito de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar la vinculación entre la autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que deberá dirigir esta acción contra el funcionario o persona que cometió el acto ilegal y de no hacerlo así la acción de amparo deberá ser declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada”’» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

De lo desglosado, se extrae que la acción de amparo constitucional debe ser intentada contra la(s) persona(s) obligada(s) por la ley a reparar al impetrante de tutela por la vulneración de sus derechos, convirtiéndose esta(s) última(s) en el o los titulares del deber u obligación de restaurar la presunta lesión; de tal forma que, cuando la parte demandada carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas; es así que, las personas que figuran como sujetos demandados deben ser perfectamente identificadas; es decir, debe existir coincidencia entre las personas demandadas con las responsables del acto ilegal objeto de la acción.