SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0625/2019-S3

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante la Resolución AL-0035/2019 de 31 de mayo, cursante de fs. 123 a 129 vta., denegó la tutela solicitada; conforme a los siguientes fundamentos: a) Según se tiene del acta de audiencia de 30 de igual mes y año, los Vocales realizaron la contrastación de lo determinado por la Jueza a quo en el Auto Interlocutorio de 7 del mismo mes y año, observándose que respondieron a cada uno de los agravios, infiriendo de ello que contiene la debida y necesaria fundamentación y motivación en función a lo previsto en el art. 398 del CPP; es decir, se avocaron a los argumentos expuestos por la defensa respecto a los peligros de fuga inmersos en el art. 234.1 del precitado cuerpo normativo; toda vez que, la carga de la prueba de la defensa no acreditó los presupuestos suficientes, pues no contaban con signos claros de habitualidad y habitabilidad requerida por la norma procesal; precisando los Vocales demandados en cuanto al domicilio de la accionante, que no se acreditó de manera objetiva la capacidad legal de disposición que tuviere la persona que detentaría el inmueble, donde tuvo y tendrá su domicilio la misma a título gratuito, sin que ello signifique exigencia de derecho propietario; b) Respecto al elemento trabajo a futuro, el documento contractual laboral y el reconocimiento de firmas realizadas por Notario de Fe Pública, contienen distintas fechas, por lo que se desmereció la legalidad del acto y en consecuencia el contrato de trabajo a futuro en vinculación directa a la acreditación de actividad laboral como elemento arraigador al proceso penal; c) Sobre los peligros procesales de obstaculización, se tomó en cuenta que ante la solicitud de cesación de la detención preventiva, se debe responder a presupuestos establecidos en el art. 239.1 del CPP, que determina que cesará la misma, cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida y para tal efecto la carga de la prueba le corresponde al imputado o procesado, bajo el principio de inversión de esta; y, d) En el caso en concreto, lo alegado por la peticionante de tutela no se enmarcó en los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, no resultando suficiente lo mencionado por la prenombrada; consecuentemente ante dichos extremos la Sala Constitucional se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que debe cumplir en su calidad de contralor de la Constitución Política del Estado, por cuanto se advirtió que los argumentos esgrimidos en la presente acción tutelar y los agravios expuestos en apelación ante el Tribunal de alzada, no guardan correspondencia en su planteamiento. Ante la solicitud de complementación y enmienda, mediante Auto complementario de la misma fecha se declaró no ha lugar la misma.