SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0720/2019-S4

Por denuncia de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), en su contra y otros, por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" –Ley 004 de 31 de marzo de 2010–,el Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, determinó su detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas; el 13 de marzo de 2018, la citada autoridad, declinó competencia en razón de materia al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de igual departamento, contra dicha determinación la parte querellante, interpuso recurso de apelación incidental, remitido recién en el mes de octubre del mismo año, radicado en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

Contra el incidente de actividad procesal defectuosa, el Ministerio Público y la parte querellante responden a la misma; señalándose audiencia para el 26 de noviembre del mismo año, el día citado se reprogramo la audiencia para el 6 de diciembre de 2018; pero en vez de resolverse los incidentes y excepciones conforme a ley se dicta Auto de apertura de juicio oral, pronunciado solo por un Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, y se ingresó al juicio oral sin clausurar la fase preparatoria, vulnerando así los arts. 115 y 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), durante la tramitación ilegal del juicio oral, mientras aguardaba la resolución a los incidentes que planteó, su salud se fue deteriorando, así como su economía, ya que la modificación a la medida cautelar solicitada hasta ese día no se llevó acabo. Desde el 13 de marzo de 2019, viene solicitando ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del citado departamento, la concesión de salidas judiciales por motivos de salud, el cuál pese a encontrarse tachado de incompetente debió procederse a otorgar las mismas considerando su estado de salud y la documentación médico forense.