SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2020-S4

El accionante denuncia la lesión del debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos de derecho a la defensa, a la fundamentación y motivación; a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad; puesto que, el Fiscal de Materia, sin realizar un acto investigativo trascendental consistente en una pericia forense en ingeniería civil ni valorar la documentación remitida al efecto, rechazó la denuncia que interpuso por la presunta comisión del delito de falsedad de documento privado; determinación que, fue confirmada por la autoridad demandada, con absoluta ausencia de fundamentación, con base a argumentos ajenos a la objeción que interpuso y sin que se hubieran agotado los medios investigativos señalados, hechos que le impiden acceder a la justicia en un sentido material.

De los antecedentes descritos en Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, Abraham Rodrigo Alcoba Trujillo, ahora accionante, interpuso denuncia penal de 11 de mayo de 2018, ante el Fiscal de Materia de turno de la Fiscalía Departamental de Tarija, contra Juan Enrique Martínez Velasco, por la presunta comisión del delito de falsedad de documento privado, previsto y sancionado por el art. 200 del CP; misma que fue rechazada el 29 de agosto de 2018, y revocada dicha determinación, por Resolución Jerárquica de 10 de octubre del señalado año, se dispuso que continúe la investigación, y que previa valoración y ponderación de los antecedentes indiciarios se pronuncie requerimiento fundamentado.

Posteriormente, el 25 de junio de 2019, Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia, puso en conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de Tarija, una nueva Resolución Rechazo de la denuncia, que una vez objetada por el ahora solicitante de tutela, fue resuelta mediante Resolución Jerárquica RJ/RS/AFAB/618-2019, emitida por Aimore Francisco Álvarez Barba, Fiscal Departamental de Tarija, quien ratificó el rechazo y dispuso el archivo de obrados; siendo ésta última determinación la que el impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos reclamados.

       El accionante denuncia que la autoridad demandada, no cumplió con la exigencia de la debida fundamentación y motivación de su decisión; argumentando en lo principal que, se ratificó el rechazo sin considerar que se encuentra pendiente de realización un acto investigativo que considera de carácter trascendental, como sería una pericia forense en ingeniería civil y que no se valoró la documentación remitida al efecto; es decir, sin haber agotado los medios investigativos.