SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2020

Por lo expuesto, corresponde unificar al juez natural y su tutela a través de la acción de amparo constitucional de forma que en los procesos judiciales y administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan afectar al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse por los recursos ordinarios previstos por el legislador y agotados los mismos, siempre y cuando exista vulneración a derechos y garantías mediante acción de amparo constitucional y no por el recurso directo de nulidad, lo contrario afectaría las competencias naturales de los jueces y autoridades naturales competentes entendimiento que por el principio pro actione y de favorabilidad deberá aplicarse a los casos en tramitación.

Finalmente, este entendimiento es congruente con el Código Procesal Constitucional que establece en su art. 146, como causales de improcedencia del recurso directo de nulidad: “1. Supuestas infracciones al debido proceso. 2. Las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, excepto cuando hubieran sido dictadas después de haber cesado o suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso administrativo disciplinario en su contra. Esta última previsión es aplicable a las demás autoridades”. Norma que si bien no es aplicable al caso concreto, se la cita solo de manera referencial ante la vigencia del Código Procesal Constitucional” (las negrillas son adicionadas).

[3] De lo anteriormente desarrollado, se establece que el representante de la entidad financiera recurrente busca la nulidad de la Vista de Cargo antes citada, alegando al efecto una supuesta incompetencia de las autoridades demandadas; al respecto es necesario denotar que el recurso directo de nulidad tiene características especiales y un ámbito de protección diferente al de la acción de amparo constitucional. Es así, que el art. 122 de la Ley Fundamental, dispone que: ‘Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley’; en este marco legal, es indudable que el cuestionamiento a los actos de autoridades jurisdiccionales o administrativas tienen el propósito de resguardar el derecho al debido proceso en su elemento al juez natural competente, de tal forma que corresponde ser puntualizado a través de la acción tutelar del amparo constitucional.