SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0650/2020-S2

               Por su parte, la SCP 0335/2017-S3 de 20 de abril, estableció lo siguiente: “Esta configuración no admite el ejercicio del derecho de petición en una relación ajena a la persona o colectividad y el órgano, entidad o servidora o servidor público con autoridad, porque es inherente a su naturaleza reconocer tal derecho en procura de la obtención de información de quien la solicita y no tiene más dominio ni disposición que de su propia solicitud. Bajo este razonamiento, se entiende que el ejercicio del derecho de petición entre servidores públicos con un nivel de autoridad concreto o relación jerárquica dentro de una misma entidad, desnaturaliza el ejercicio y el derecho de petición como tal, porque conforme se tiene expuesto, está diseñado para precautelar a los particulares frente a la autoridad pública, siendo la única excepción para su admisión la legitimación de quienes por un mecanismo de terciarización ejerzan determinadas funciones o presten servicios por delegación del Estado o cuando se traten de servicios regulados -en este sentido la SC 0962/2010-R de 17 de agosto reiterada por la SCP 1470/2016-S3 de 12 de diciembre-, en cuyo caso, las solicitudes directamente relacionada con las funciones propias de la administración o gestión institucional, también resultan ajenas e impropias de la naturaleza jurídica y finalidad de ese derecho.

               En este marco, se observa que el ejercicio de este derecho adquiere particularidades de relevancia constitucional en lo referente específicamente a la determinación de la legitimación activa cuando en la problemática en concreto se involucren como peticionantes las autoridades o funcionarios públicos en ejercicio, identificándose al menos dos grandes presupuestos, con sus respectivas particularidades, las que deben ser tomadas como parámetros que bien pueden ampliarse de acuerdo a cada caso en concreto: