SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2020-S4

En cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria, de manera general se comprende que esta labor debe ser desarrollada por la jurisdicción común, empero, atañe a la justicia constitucional verificar si en esa labor no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales.

Consiguientemente, toda inobservancia o errónea aplicación de la legislación ordinaria, debe ser corregida por la jurisdicción común mediante de los recursos que prevé el ordenamiento; y solo en defecto de ello, y ante la invocación de infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho, la jurisdicción constitucional puede ingresar a verificar si esa tarea desarrollada cumplió o no con los cánones mínimos exigidos y si a través de esa interpretación arbitraria, se lesionó algún derecho fundamental, únicos supuestos que permiten al Tribunal Constitucional realizar una verificación esa labor ejercido por la jurisdicción común.

Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales; empero, compete a la jurisdicción constitucional, en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente; el estudio dentro de las acciones de tutela, entre ellas, el amparo constitucional ahora analizado, de la decisión impugnada, a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional, razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales.

En virtud a lo señalado, a efectos de viabilizar dicha labor, la jurisprudencia constitucional, además de determinar los límites para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, adoptó para sí la teoría de las autorestricciones desarrollada en la doctrina, con el objeto de delimitar los ámbitos entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.