SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0889/2020-S3

Concordante a ello, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció lo siguiente: “…iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

iii)  Asimismo, se genera mayor duda cuando en la DUI observada se advierte las rúbricas de funcionarios de la ANB de lo cual se colige que en el trámite respectivo la responsabilidad de verificar la documentación requerida le corresponde a la referida Administración pública, al margen de que sería inconsistente pretender endilgar responsabilidad al declarante respecto al manejo de su sistema informático para el registro de la DUI debido a que no tiene atribución menos acceso para ello.