SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0846/2020-S3

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 029/2020 de 21 de febrero, cursante de fs. 250 a 253 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el ahora accionado restituya el terreno en el que se encontraba el accionante y cesen los actos ilegales, debiendo proceder al retiro de los materiales de construcción; además, como medida cautelar dispuso el cumplimiento del fallo, más costas y daños solicitados los que serán ejecutados una vez devuelto el expediente en revisión, todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo con la SCP 0044/2012 de 26 de marzo, el principio de subsidiariedad se debe flexibilizar en caso de medidas de hecho sin exigir el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, con el propósito de evitar abusos contrarios al orden constitucional y el ejercicio de la justicia por mano propia; b) En las medidas de hecho, la carga probatoria debe estar a cargo del accionante, quien debe demostrar que esas acciones no tienen causa jurídica, y cuando se trate de avasallamiento, debe acreditar la titularidad de dominio sobre el bien inmueble en el que se ejercieron las medidas de hecho como ocurre en el presente caso, que el accionante evidenció su derecho propietario sobre un lote de terreno de 7,9944 ha, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0153116; c) Se acreditó la legitimación activa y pasiva de los sujetos procesales, y la acción tutelar fue interpuesta dentro del plazo de los seis meses que establece el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); d) Tanto el accionante como el accionado se encuentran dentro de los grupos vulnerables que requieren protección por ser personas de la tercera edad; e) Ambas partes presentaron documentación de su derecho propietario; sin embargo, los terrenos no se hallan delimitados, menos aprobados por autoridad competente, al no existir documentación de división y partición, lo que hace que se encuentren limitados en cuanto al derecho que les corresponde e impide que asuman acciones de hecho en resguardo de sus pretensiones, debido a que ambos tiene trámites ante el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto para la aprobación de sus planos; y, f) La presente acción de amparo constitucional no tiene por propósito establecer derechos propietarios; sin embargo, la conducta asumida por el accionado no se adecúa a las normas que rigen un Estado de Derecho, más aún tratándose de hermanos, por lo que tendrá que dictarse una medida cautelar que permita la pacificación de las partes en cuanto a los efectos que podría tener el fallo.

En vía de complementación y enmienda, el accionado a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional que complemente la Resolución para que se ponga en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto la decisión, a los fines que tratándose de bienes indivisos y que no tienen delimitación, interpongan sus buenos oficios para su regulación y que se disponga el cumplimiento de la Sentencia con la participación de un Notario de Fe Pública.