El suscrito Magistrado expresa su disidencia con la SCP 0321/2020-S3 de 22 de julio, que revoca la Resolución 01/2020 de 7 de enero, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí, constituida en Jueza de gar

En cuanto a la segunda denuncia, referida a que el Juez hoy accionado al decidir mantener firme el decreto 4 de mayo de 2019, que no dio curso a la emisión de una tercera conminatoria para la aprobación del plano del lote de los accionantes, no consideró que por disposición normativa tiene el deber ineludible de ejecutar la Sentencia 017C/2014 con calidad de cosa juzgada, con todos los mecanismos que la ley otorga.

Respecto al cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este Voto Disidente determina que la ejecución de las sentencias firmes, conlleva un implícito reconocimiento y la protección de la eficacia jurídica de los fallos pasados en autoridad de cosa juzgada; lo que significa, que una decisión judicial que resuelve un caso concreto no puede quedar en una simple declaratoria de carácter formal, como ya se tiene señalado, debe ser efectivamente observada al ser un imperativo básico de la impartición de justicia, pues su incumplimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva vinculado con la eficacia jurídica de las resoluciones ejecutoriadas, así como la protección judicial por parte del Estado, cuando los mismos no son acatados o son cumplidos de forma distorsionada o de manera tardía.

En el caso concreto, es evidente que el Juez ahora accionado al momento de pronunciar el Auto de 14 de mayo de 2019, no dio cumplimiento efectivo a las determinaciones asumidas en la Sentencia 017C/2014, que ostenta calidad de cosa juzgada, violentando el derecho a la tutela judicial efectiva vinculado con la eficacia jurídica de las resoluciones ejecutoriadas pasadas en autoridad de cosa juzgada consagradas en el art. 115.I de la CPE, al no utilizar los mecanismos legales que la ley le franquea para la efectivización de sus propias decisiones en la medida de lo determinado, desconociendo que el acceso a la justicia no implica solo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y se emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado, sino que además, tal acceso debe ser efectivo.

En ese sentido, al advertirse la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva vinculado al principio de seguridad jurídica, denunciado en la presente acción tutelar, y consiguientemente, del derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada al respecto.