SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0147/2020-S2

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”. Es decir, a la línea jurisprudencial que exigía para la tutela del debido proceso, la existencia de una relación directa entre el acto lesivo denunciado y el derecho a la libertad, por operar como causa directa de su restricción. Bajo este razonamiento, cualquier lesión al derecho al debido proceso no vinculada a la libertad personal o física, al no ser motivo de su restricción; debe ser reclamada vía acción de amparo constitucional, observando las normas dispuestas en los arts. 128 y 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).