SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0168/2020-S3
Fecha: 13-Jul-2020
3)
3) Al “principio de congruencia” y preclusión, por cuanto, la autoridad ahora demandada; primero, al señalar en cuanto a los “incs. i), j) y k)” de su recurso jerárquico, que no evidenció daño económico a la entidad pero sí moral, en virtud a la transmisión emitida por la Red UNITEL el 8 de octubre de 2019, contraviniendo el art. 104 inc. g) del Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. En ese sentido, si no existía un daño económico menos podía señalarse uno civil. Asimismo, denunció que el criterio de daño moral era subjetivo, por ende, al utilizar ese razonamiento para sancionarlo, se incurre en la vulneración al principio de seguridad jurídica, al margen de no haberse considerado la legalidad o no del video, debido a que meses después, el Ministerio Público recién realizó un examen pericial. La autoridad hoy demandada tampoco emitió pronunciamiento alguno con relación a que dicha Red televisiva es un medio “amarillista” y, por consiguiente, no podría considerarse esa prueba para imponerle una sanción que transgrede su derecho al trabajo. En ese orden, también existe falta de tipicidad respecto a la acción u omisión administrativa atribuida a su persona, al reiterarse el contenido del fallo de revocatoria impugnado por recurso jerárquico, basándose la Resolución de última instancia, únicamente en el art. 104 inc. g) del citado Reglamento Interno, sin especificar qué norma en concreto hubiere infringido. En conclusión, no fueron considerados cada uno de los doce agravios expuestos, sino que la autoridad ahora demandada transcribió los antecedentes, asumiendo la decisión de revocatoria de la Resolución impugnada con base en criterios subjetivos alejados de la verdad material. Segundo, de manera totalmente atentatoria a sus derechos, y aplicando incorrectamente el ordenamiento jurídico vigente, la autoridad hoy demandada revocó la Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria Administrativa GAMEA/SUM 01/19 que lo sancionaba con una suspensión de treinta días hábiles, confirmando la destitución dispuesta por Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/249/18, con el argumento que la sanción impuesta por el último fallo emitido no era proporcional a la falta cometida por su persona. A la defensa, en virtud a que la Alcaldesa ahora demandada confirmó la referida Resolución Final de Sumario Administrativo Interno, dejándolo en estado de indefensión al crear confusión e incertidumbre por retrotraer el proceso a una etapa que ya fue resuelta por la autoridad competente, privándolo de presentar descargos o pruebas contra ese fallo, e imponiéndole una sanción más gravosa, incumpliendo lo establecido por el art. “64.II” de la LPA.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a no ser condenado ni procesado dos veces por el mismo hecho
- lo que implica la vulneración de los plazos procesales
- a)
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- i)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- Fragmento 15
- III.1. El principio de non bis in idem como elemento esencial del debido proceso
- En efecto, la garantía constitucional sustantiva del ne bis in ídem, que a su vez se configura, tal como se dijo como derecho fundamental y principio constitucional, será oponible frente al ejercicio del ius puniedi, cuando concurra dicho factor identitario, es decir, en circunstancias en las cuales, se pretenda aplicar una doble sanción o un doble juzgamiento cuando exista identidad de persona, identidad de hecho e identidad de fundamentos
- en relación a la persona natural o jurídica contra la cual se ejercicio el ius puniendi en el ámbito penal o en la potestad administrativa sancionatoria, no puede ser objeto de una paralela o posterior persecución penal o administrativa
- Además, la identidad de fundamento, se refiere a la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido
- la motivación, fundamentación, congruencia
- a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador
- Fragmento 23
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- III.3.
- 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales'
- que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final
- valoración de la prueba
- derecho a no ser condenado ni procesado dos veces por el mismo hecho
- no vulneró el derecho del accionante a no ser condenado ni procesado dos veces por el mismo hecho
- transgresión de plazos procesales
- 1)
- 2)
- 3)
- Sobre la alegada lesión al debido proceso en su elemento de congruencia
- Con relación a los incs. a) y b)
- En cuanto a los incs. d) y e)
- Remitiéndonos al agravio señalado en el inc. f)
- En cuanto a la falta de tipicidad
- Con relación a la lesión del derecho a la defensa alegada
- 4)
- 5)
- CONFIRMAR en parte
- 1º CONCEDER
- 2º DENEGAR