VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0203/2020-S2
Fecha: 24-Jul-2020
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; a la presunción de inocencia, a la defensa y acceso a la justicia, y los principios de legalidad y verdad material; aduciendo que, dentro del proceso administrativo sancionador iniciado en su contra, la Directora Ejecutiva de la AJ pronunció la Resolución Sancionatoria 10-00089-18 de 13 de noviembre de 2018, determinando la responsabilidad junto a Pablo Enrrique Aramayo Alvarado, de la instalación y utilización de cuarenta y dos máquinas de juego, sin la autorización ni licencia de la citada entidad estatal, sancionándoles con la imposición de la multa de UFVs 210 000.-; por tal motivo, interpuso recurso de revocatoria contra la aludida Resolución, el mismo que fue rechazado por la indicada autoridad demandada, mediante Proveído 12-00675-18 de 19 de diciembre de 2018, condicionando la tramitación de la impugnación al pago previo del importe de la multa impuesta, situación que vulneró el estado de inocencia reconocido en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), rechazando posteriormente el recurso jerárquico que formuló.
- I. ANTECEDENTES
- II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
- El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa
- toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso
- el derecho a la doble instancia
- se garantice al administrado o procesado la certeza de una notificación con la totalidad de la sindicación a efectos de una defensa efectiva, permitiendo ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia
- es también aplicable a los procesos administrativos y a todos aquellos procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas las esferas institucionales, sean éstas públicas o privadas, dentro las cuáles se tenga que llegar a un fallo o resolución, decisión que
- a)
- derecho a la defensa
- las normas sustantivas y procesales que se crean para el efecto, deben estar enmarcadas en las normas constitucionales, donde tiene un rol fundamental la parte dogmática de la Constitución Política del Estado, pero también en las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad
- observando las garantías básicas de orden material y formal
- la garantía del debido proceso
- Fragmento 13
- Fragmento 14
- son formas procesales de impugnación en sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de impugnación, es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estado que prevé dos instancias
- derecho de impugnación
- el derecho a la defensa implica para todo habitante, la posibilidad real y cierta de acudir ante los órganos jurisdiccionales en demanda de justicia mediante el ejercicio de la facultad que la propia constitución le otorga de que todos los actos jurisdiccionales sean razonables y se hallen encaminados a una cabal defensa personal de sí mismo o de sus derechos durante el juicio
- con ello se pretende garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva
- se debe garantizar a estos el acceso a la vía administrativa y los medios de impugnación existentes en ella”
- al condicionar su procedencia al depósito previo de la sanción impuesta en la resolución sancionatoria, no se cumple con el objeto de garantizar la efectividad material del derecho de recurrir; puesto que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte IDH, cualquier medida que impida o dificulte a hacer uso de los medios de impugnación, constituirá una violación al derecho de acceso a la justicia
- II.3. Análisis del caso concreto
- sin tomar en cuenta que todas las denuncias expresadas ahora por el peticionante de tutela en su acción de amparo constitucional, podían ser consideradas precisamente en el predicho recurso de revocatoria
- Fragmento 23
- REVOCAR