ONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0421/2020-S3

Corroborando el contenido del informe emitido por el Investigador de la FELCV de la EPI-8, dirigido al Director Departamental de dicha institución, se advierte que en el mismo se sostuvo que: “…la Sra. IRIS JUSTINIANIO salió afuera y empezo de forma prepotente a amenazar mencionando a un abogado de nombre JERJE JUSTINIANO con él te vas a encargar y empezo a amenazarlo a la Dra. Nancy Carrasco Daza diciéndola TE VOY A DENUNCIAR TUS DIAS ESTAN CONTADOS A PARTIR DE HOY y otras palabras irreproducibles en presencia de muchas persona…” (sic).

A partir de los precitados antecedentes que se desprenden de los propios argumentos expresados por la peticionante de tutela y del informe policial acompañado por la misma en calidad de prueba, las presuntas amenazas vinculadas a la integridad física y/o vida de la nombrada, en momento alguno refieren con certeza la afectación o puesta en peligro del derecho a la vida de la accionante o de su familia, lográndose comprender que dichas amenazas, dentro del contexto en el que fueron pronunciadas -despliegue procesal en un caso penal en investigación- denotan más bien, una posible situación que comprometería el agradecimiento de servicios de la prenombrada como funcionaria del Ministerio Público que se encontraría latente, conforme manifestó la impetrante de tutela al momento de referir lo señalado por el ex Ministro de la Presidencia ahora accionado a través de una comunicación vía WhatsApp; aspectos fácticos que generan duda sobre la existencia real de la alegada amenaza a la vida o integridad personal de la peticionante de tutela, pues a efectos de una concesión de tutela sobre lesiones a este derecho fundamental, se requiere de certeza sobre su puesta en riesgo o peligro, misma que en el caso en examen resulta inexistente, conforme un razonamiento intelectivo lógico de las palabras  que habría vertido la coaccionada en la dimensión que fueron expuestas por la propia accionante, concordantes con la forma en que también fueron replicadas en el informe policial aludido como prueba, advirtiéndose una presunta amenaza vinculada al trabajo que desempeña la hoy impetrante de tutela como Fiscal de Materia del departamento de Santa Cruz, que está fuera de la protección que brinda la acción de libertad  según su alcance y naturaleza jurídica.