SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2020-S1
Fecha: 18-Ago-2020
a)
La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, ampliándola manifestó que: a) El Auto de Vista 76/2018 SP2 que revocó la decisión del Tribunal a quo vulneró su derecho al debido proceso en su componente de legalidad, porque las autoridades demandadas hicieron abstracción del marco normativo al aplicar incorrectamente y de forma extensiva los arts. 112 y 123 de la citada Norma Suprema, que fue concebida por el constituyente a los delitos cometidos por servidores públicos que causen grave daño económico al Estado; b) Se vulneró el derecho al debido proceso en su componente de fundamentación, porque cuando el Juez va resolver un asunto, tiene que hacerlo con la debida motivación, es decir que tiene analizar el hecho, valorar las pruebas e invocar la normativa aplicable al caso, aspecto que no se advierte en el Auto de Vista impugnado, por cuanto la misma se limitó a trascribir el AS 88/2018, “pone los agravios en otro considerando” (sic), la contestación en otro y en el tercer considerando se transcribe la totalidad del citado Auto Supremo sin realizar un aporte propio ni tomar en cuenta que dicho fallo no tiene carácter vinculante; c) Se lesionó el derecho al debido proceso en su componente de irretroactividad de la ley desfavorable, no obstante que la ley rige hacia el futuro salvo cuando se trate de leyes laborales, penales y en materia de corrupción, este último cuando se quiera procesar juzgar a servidores públicos; al efecto adjuntó la prueba de la acusación, que data de 2008, en la que no estaba vigente la nueva Ley Fundamental sino la de 1967, que no establecía esta serie de restricciones a los derechos a ser juzgado en un plazo razonable, cuya ley penal no reconocía los delitos de corrupción; d) El Tribunal de apelación debió verificar la condición de servidor público o particular; y, si el delito atribuido es o no de corrupción, siendo que las mismas surgen a partir de la promulgación de la Ley 004, que no estaba vigente en el momento de la persecución penal a su persona, circunstancia que permite concluir la lesión del derecho al debido proceso en su componente de irretroactividad de la ley; e) Asimismo, se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que lo adquirió el 2008, en consecuencia conforme al art. 13 de la CPE, no podía ser desconocido, así en el futuro hayan emergido leyes de cualquier rango que vengan a desconocer o cambiar el sentido del reconocimiento, porque los derechos adquiridos son progresivos que pueden ir consolidándose en el tiempo; f) Las autoridades demandadas han “delinquido” más tres años emitiendo una cantidad considerable de Autos de Vista que concedieron la prescripción a personas que se encontraban en idéntica situación a su caso, es más inclusive a servidores públicos que antes de la publicación de la Ley 004 y la Norma Suprema, habrían incurrido en la comisión de delitos; g) La Vocal demandada Blanco Carolina Chamón Calvimontes, por ejemplo en los Autos de Vista 8/2014 SP2da y 229/2015, concede la excepción por prescripción haciendo referencia a la SCP 0770/2012; entonces como es posible que para otros ciudadanos la prescripción es un derecho subjetivo y para su persona tenga una naturaleza distinta de índole procesal, siendo que el principio de igualdad se constituye en uno de los pilares fundamentales en el que se sustenta el Estado Plurinacional; y, h) Cual el justificativo para la aplicación del Auto Supremo 88/2018, siendo que el mismo no contiene doctrina legal aplicable; es decir que el mismo no tiene carácter de erga omnes como erradamente sostienen las autoridades demandadas, cuya única tarea es la de administrar justicia.
Por consiguiente, corresponde dilucidar en revisión, si el hecho denunciado es evidente y si corresponde conceder o no la tutela impetrada; para el efecto, se analizaran los siguientes ejes temáticos: a) El principio de irretroactividad de la ley; b) Respecto a la Disposición Final Primera de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; c) Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, d) Análisis del caso concreto
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 221/2015
- Fragmento 4
- I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- TCP-SP-003/2020 de 18 de marzo
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El principio de irretroactividad de la ley
- uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, así también lo ha establecido el art. 123 de la CPE
- Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas.
- el principio de irretroactividad no se contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos'
- Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que existe al dictarse el fallo, se aplicará siempre la más favorable. Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se aplique
- III.2. Respecto a la Disposición Final Primera de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”
- 'Primera. Las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y vinculados a ésta, establecidos en el Artículo 25 numerales 2) y 3) de la presente Ley, deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado'.
- Este Tribunal considera inicialmente que al referir dicha norma a '…la imputada o imputado…' por el principio de favorabilidad se abarca a la o al condenado y que al hacer referencia únicamente a servidores públicos por el principio de igualdad también se abarca a las servidoras públicas.
- Es decir, de una interpretación sistemática, teleológica y literal la norma contenida en el art. 123 de la CPE, no debe ser entendida en sentido que sea posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas en una ley, pues el art. 123 de la CPE, se encuentra en el Título IV, Capítulo Primero relativo a las garantías jurisdiccionales, por lo que debe entenderse como una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos, pues no resultaría lógica la interpretación del establecimiento de garantías a favor del propio poder público. En este sentido para este Tribunal no resulta admisible que una garantía de los procesados en materia de corrupción sea la de que se les aplique retroactivamente la ley penal sustantiva desfavorable.
- Conforme el art. 116.II de la CPE, se tiene que: 'Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible', lo que debe interpretarse en armonía con el art. 123 de la Norma Fundamental, que dispone que la ley es retroactiva cuando beneficie a la imputada o al imputado.
- De entenderse que el art. 123 de la CPE, permite la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva no sólo se afectaría la seguridad jurídica sino que se transformaría el derecho penal del acto a un derecho penal de autor y se desnaturalizaría la función democrática de la pena, pues la misma ya no podría motivar la conducta de los ciudadanos.
- La retroactividad de la aplicación del derecho penal sustantivo de forma retroactiva está vedada por los Pactos y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos
- 'Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”
- 5 Cuando el delito de corrupción o vinculado a ella es permanente -aspecto determinado por la afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la voluntad del imputado- es aplicable la norma penal vigente a la comisión del hecho. Ello impele por tanto a que todo juez o tribunal diferencie en cada caso los delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. Excepción que la estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre otras en el caso Trujillo Oroza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora Tribunal Supremo de Justicia- en el Auto Supremo 247 de 16 de agosto de 2010 y en el derecho comparado el Tribunal Constitucional peruano en el Expediente 2798-04-HC/TC.
- Bajo los argumentos expuestos y de una interpretación 'de la Constitución' del art. 123 de la CPE y 'desde la Constitución' de la Disposición Final Primera de la Ley 004, corresponde declarar su constitucionalidad únicamente respecto al cargo de inconstitucionalidad referido a que permite la aplicación retroactiva del derecho penal sustantivo contenido en la Ley 004, siempre y cuando su aplicación por los jueces o tribunales sea en el marco del principio de favorabilidad y conforme a lo expuesto ut supra”
- Fragmento 35
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma.
- entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma,
- III.4.Análisis del caso concreto
- Fragmento 39
- CONFIRMAR