SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0447/2020-S3

II.1.  El 10 de noviembre de 2019, la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro celebró audiencia de aplicación de medidas cautelares dentro del proceso seguido en contra de Carlos César Guadama Berríos y Eleuterio Maraza Ochoa -hoy accionantes- por la presunta comisión de los delitos de fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, etc., uso indebido de bienes y servicios públicos y concurso real; evidenciándose que el abogado de Defensa Pública que patrocinó a los imputados expuso como argumentos que, no existiría prueba objetiva sobre el transporte de personas ni de las bolsas de yute que contendrían los petardos o artefactos explosivos; sobre el proyectil encontrado, es posible que haya sido olvidado, puesto que no se halló el arma y el cuchillo tiene varios usos como ser para abrir latas; respecto al uso indebido, se cuenta con una nota para su uso los días 8 y 9 ambos de noviembre de 2019, en un proyecto de la Gobernación para el arreo, captura y esquila de vicuñas, siendo el chofer designado Carlos César Guadama Berríos, estando suscrita por Eleuterio Maraza Ochoa lo que genera duda razonable sobre la participación, para posteriormente presentar documentación que acreditaría que los imputados cuentan con familia, domicilio y ocupación que desvirtuarían los riesgos procesales insertos en el art. 234.1 y 2 del CPP; con relación al peligro efectivo para la sociedad y la víctima corresponde a la parte acusadora acreditar los peligros de fuga y obstaculización, sin demostrarse el mismo; y, en la réplica sostuvo que la certificación del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) consigna un dato del domicilio establecido en la cédula de identidad, pero existe la posibilidad de su variación porque muchas personas viven en alquiler sin tener domicilio permanente (fs. 44 a 53).