SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0373/2020-S2

Victoriano Morón Cuellar y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitieron informe de 7 de octubre de 2019, cursante de fs. 87 a 88 vta., mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) El control de legalidad ordinaria, es la aplicación de la Ley respecto a una materia específica, siendo esta una facultad exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal; ii) Como Tribunal de garantías se rigen por el Código Procesal Constitucional y están obligados a cumplir con los principios de la Constitución Política del Estado, sin anteponer los derechos individuales a la competencia del Tribunal de alzada, a menos que los derechos invocados por el impetrante de tutela sean groseramente contrarios a la Ley y la Constitución; iii) El accionante pretende utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia más para que este revise los actos del Tribunal de alzada en materia penal; lo cual está prohibido por Ley, pues no se puede utilizar al Tribunal como una instancia más de la justicia ordinaria; iv) Se cuestiona el Auto de Vista 26, sin señalar las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica; sino más bien, en su memorial simplemente realizó una relación de hechos y cronología de los antecedentes, aspecto que inclusive fue observado por el Tribunal de garantías; v) La labor interpretativa y decisión en cuanto a atender una apelación incidental es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, separación básica y natural que el abogado del solicitante de tutela no supo diferenciar; por lo que, ante la falta de presupuestos no corresponde ingresar al fondo de lo peticionado; vi) El Auto de Vista cuestionado, cumplió con los requisitos exigidos por los arts. 124 y 173 del CPP; es así que, respecto al derecho de impugnación referente al Auto 341/18 que rechazó in limine la declinatoria de competencia, el demandante de tutela debe tomar en cuenta lo establecido por el art. 180.II de la CPE que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, esto implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe de prever un mecanismo para recurrir el acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o un interés legítimo de alguna de las partes a objeto de que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandada como agravio en que hubiera incurrido la autoridad pública o privada; en observancia a ese razonamiento atendieron la apelación presentada por Wilfredo Startary Téllez; y, vii) El Auto de Vista emitido no vulneró el derecho al debido proceso, pues se encuentra debidamente fundamentado y motivado, conforme establece el art. 124 del Adjetivo Penal.

Misael Severiche Saravia, ex Juez de Sentencia Penal Quinto; y, Cinthia Fabiola Pardo Chavarria, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Quinto, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante de fs. 94 a 95.

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;    iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

En consecuencia, para que este Tribunal ingrese a analizar la problemática planteada el peticionante de tutela debe realizar una relación fáctica y precisa de estos elementos: i) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; ii) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, iii) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales.