SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2021-S3

En la ciudad de Cobija se vienen ejecutando dos proyectos, uno de agua y otro de alcantarillado. En las calles José Paravicini, 11 de octubre y demás adyacentes del barrio Villamontes, al igual que en otros barrios, existe rebalse de aguas servidas por las alcantarillas antiguas; en el caso específico -de esta acción tutelar- data de hace más de dos a tres años, prueba de ello es que se pronunció la SCP 0110/2018-S2 de 11 de abril, mediante la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional tuteló “este derecho” (sic), al ser evidente la contaminación ambiental de la referida ciudad. Sin embargo, a la fecha continúan los rebalses en otras calles, sin que ninguna autoridad del nivel municipal, empresas que ejecutan los proyectos, actores sociales, presidentes de barrio y otras, realicen alguna gestión por la gravedad de contaminación ambiental en procura de acabar con la misma. El rebalse de las aguas servidas de la alcantarilla del barrio Villamontes, en especial de la calle 11 de octubre, fue desviado a una conexión fluvial que pasa por diferentes domicilios y conecta al río Acre.

Desde la ejecución de las obras “para el agua” y el nuevo alcantarillado, las calles del barrio Villamontes se encuentran intransitables para vehículos y peatones, existiendo un peligro para grupos vulnerables (menores de edad y personas mayores de la tercera edad), que transitan cerca a unos pozos de excavación de dos metros de profundidad, llenos de aguas fluviales y aguas servidas, que generan focos de infección y la propagación de mosquitos portadores del dengue; además, esos pozos no cuentan con ninguna medida de protección o señalización mínima, y a causa de ellos varias personas sufrieron accidentes, siendo un peligro para la salud y el libre tránsito. Las calles son intransitables porque las obras se encuentran paralizadas, existen excavaciones inconclusas, llenas de lodo y barro, que se agravan los días lluviosos.

Falta agua potable en diferentes domicilios del barrio Villamontes porque las cañerías fueron inhabilitadas por la ejecución de obras que a la fecha se encuentran paralizadas desde hace más de dos meses, sin que exista un motivo o una comunicación por algún medio para restablecer ese servicio básico, y al acudir a EPSA, derivan sus reclamos a la empresa ejecutora Zhejiang Provincial N° 1 Water Conservancy & Electric Power Construction Group Holdings CO S.A., y esta a su vez, les envía nuevamente a EPSA, y así sucesivamente.

Asimismo, otro de los inconvenientes que lesiona sus derechos de acceso a los servicios básicos es la falta de alumbrado público, que si bien existe, empero, no está en “servicio” hace aproximadamente cuatro meses. Las autoridades accionadas vulneraron los derechos de toda una colectividad. En el presente caso se vulneró también la salubridad pública.