SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2021-S3

Por otro lado, sobre la vulneración de los derechos fundamentales de su hijo menor de un año, a quien se le cortó el subsidio de lactancia a partir del mes de marzo de 2018 y la petición de pago retroactivo de dicho beneficio por el tiempo de diez meses y otros derechos que le correspondan; tal pretensión, tampoco puede ser concedida como consecuencia de los fundamentos desarrollados ut supra; toda vez que, la Resolución jerárquica impugnada de forma suficiente fundamentó y motivó que la relación laboral que mantenía con el Órgano judicial y la institución a la que representan las autoridades accionadas, concluyó por determinación de la normativa legal ampliamente desarrollada que rige las funciones que desempeñaba, no gozando de estabilidad e inamovilidad laboral; en tal sentido, los derechos invocados como lesionados, no pueden considerarse como derechos adquiridos durante la relación laboral que mantuvo con el Órgano Judicial para que esta jurisdicción constitucional disponga el pago y/o efectivización de los mismos. En esa línea, la SCP 0299/2020-S3 de 22 de julio citando la 0585/2018-S1 de 1 de octubre, sostuvo que: “…la protección que brinda esta acción de defensa está destinada a tutelar derechos que se encuentren consolidados; vale decir, que no dependan del pronunciamiento previo o reconocimiento de instancias ordinarias o administrativas, sea porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos. Por lo tanto, protege derechos cuando se encuentren debidamente consolidados a favor de quien plantea esta acción tutelar, no siendo la vía para el reconocimiento de los mismos, dado que este mecanismo constitucional no puede ser entendido como medio; y, este Tribunal, como una instancia donde se puedan definir derechos o analizar hechos controvertidos, siendo la función específica de la justicia constitucional verificar si el demandado -servidor público o persona particular- incurrió en el acto u omisión ilegal o indebida, y si esta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales que se encuentren consolidados”. Más adelante, dicho fallo estableció que: “De donde se tiene que los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la alimentación, cuya tutela demanda la parte accionante mediante esta garantía constitucional, no se encuentran consolidados, debido a que están supeditados a demostrarse que se trata de derechos adquiridos durante la relación laboral que mantuvo con el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Es decir, se requiere de una instancia ordinaria laboral donde se cuenten con los mecanismos para resolver cuestiones de hecho que necesariamente deben ser demostradas (…) donde la parte accionante demuestre que no obstante la conclusión de la relación laboral que mantuvo con el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el marco de lo dispuesto por el art. 104 de la LOJ, corresponde se otorgue en su favor el pago de dinero en efectivo o en especie, de subsidio de lactancia posnatal por el valor de un salario mínimo nacional hasta que su hija cumpla un año de edad; asimismo, la parte empleadora tendrá que demostrar que los funcionarios contratados bajo la referida normativa no gozan de los subsidios luego de concluido el contrato. Situación que vía acción de amparo constitucional no puede ser dilucidada al no contar este mecanismo de defensa con etapas procesales o medios para resolver hechos que necesariamente requieren de una etapa probatoria y mucho menos para realizar la interpretación de la referida disposición legal. En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra imposibilitado de resolver la controversia en cuanto a que si la menor de edad -hoy accionante- es o no titular de los derechos cuya tutela se invoca en esta acción de defensa, debiendo la representante de la prenombrada, acudir para dicho efecto a la vía ordinaria laboral (…)” (las negrillas nos pertenecen). Consecuentemente, sobre este aspecto corresponde también denegar la tutela solicitada, debiendo el impetrante de tutela si considera que los referidos derechos le corresponden, acudir a la instancia ordinaria a efecto de establecer que se trata de derechos adquiridos durante el tiempo que desempeñó funciones como servidor de apoyo judicial; por lo que, mal podría pretenderse que esta jurisdicción constitucional determine al respecto sin el acervo probatorio necesario y además reemplazando a la judicatura laboral en la competencia que ejerce.