SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0036/2021-S2

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 26/2019 de 17 de abril, cursante de fs. 234 a 238, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El contrato administrativo tiene sus peculiaridades, empero, no deja de ser un negocio jurídico de carácter público, tiene algunas connotaciones especiales, cláusulas exorbitantes en favor de la administración pública, constituyéndose esencialmente en un contrato de colaboración; ii) El administrado que fue contratado para un fin en la función contractual colabora con la administración, por eso no es un convenio oneroso y el sistema de derecho administrativo creó un instituto llamado contrato de colaboración y deberes de diligencia; iii) En el caso presente, existen hechos trascendentales que denotan negligencia, específicamente en una situación fuera de toda controversia y es en la aplicación de los contratos en el tiempo, su validez y como es que ultra activamente puede generar un acto jurídico, cuando la vigencia del contrato se encontraba entre dicho; iv) El art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) norma los requisitos para la presentación de las acciones de defensa, como ser la identificación de los hechos con total claridad, así como del derecho lesionado y el petitorio; v) Se denota una condición de “improcedibilidad” que fue omitida por el accionante, ya que debe existir una coherencia necesaria entre el petitorio postulado en la acción de amparo constitucional y el manifestado en audiencia; y, vi) La Sala Constitucional entiende que no puede existir mutación del petitorio porque eso hace a la naturaleza de lo que se pide, lo contrario sería incurrir en un error altamente reprochable.