SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0185/2021-S4

La solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato y abogado en audiencia, se ratificó íntegramente en el memorial de acción de libertad y ampliando la misma, manifestó que: 1) Con relación a la imposición de una sanción disciplinaria, recién el día de hoy estaría conociendo la existencia de la Resolución Sancionatoria 019/2020 de 15 de julio, que no fue notificada; ya que, no se encuentra su firma en ningún lado y no se cumplió con el protocolo, para este tipo de actuaciones; y, 2) La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, obliga a la Directora del Centro penitenciario indicado –hoy demandada– a emitir una Resolución fundamentada; y no como se pretende el día de hoy, haciendo aparecer una resolución simplemente a fin de elevar un informe respecto a esta acción tutelar; asimismo, estableciendo que dicha determinación se hubiere notificado a la sancionada; para que ésta pueda activar en el plazo correspondiente los mecanismos previstos por procedimiento, reiterando que no existe constancia alguna de notificación, invocó el art. 123 última parte, así como el art. 125 ambos de La Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001– que respecto a la sanción que se le impuso, sería degradante, estarían obligándole a cumplir esa sanción sin que la misma esté ejecutoriada, agravando su situación de detenida, por este tipo de actitudes de hostigamiento por parte de la demandada, mencionando al respecto las SCP 1156/2013 y SC 0824/2011-R; en cuanto a la acción de libertad correctiva, refieren que no se puede agravar la situación de una persona detenida en un Centro penitenciario; en el que ahora se encuentra, a cargo de la Directora demandada, debiendo respetarse su derecho de presunción de inocencia y no aplicar un fallo que le afecte; más aún, cuando dicha sanción no ha sido ejecutoriada, resaltando una persecución y hostigamiento arbitrario; que se habría generado, como consecuencia de una anterior acción de libertad contra Betty Gladys Valdez Chipana; y, 3) Haciendo uso de la palabra en audiencia la accionante, agregó que, estaría cumpliendo una sentencia por diez años, que al presente se encuentra amedrentada por la “Tte. Chirino”; quien recibiría orden, de la Directora del mencionado Centro penitenciario – ahora demandada–; expresó sentirse humillada, por las tareas de limpieza que estaría realizando, las cuales considera injustas, solamente por introducir un celular a dicho Centro, con el único fin de comunicarse con sus hijos; en cuanto al toldo que le quitaron anteriormente, ya se lo habrían dado a otra persona, con el afán de causarle incomodidad.