SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0195/2021-S3
Fecha: 06-May-2021
concedió en parte
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 30/2020 de 25 de junio, cursante de fs. 567 a 573 vta., concedió en parte la tutela solicitada con respecto al derecho de petición, sustentándose en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad accionada adjuntó respuestas a las cuatro cartas remitidas por el accionante, indicando que las mismas fueron debidamente contestadas y que no pudieron ser notificadas debido a que el prenombrado no se habría apersonado a dicho fin; no obstante, este actuado se realizó mediante tablero, por su parte el impetrante de tutela no demostró lo contrario, por lo que se entiende que sí se procedió positivamente; 2) Las solicitudes de “…6 de abril de 2020 con trámite N° 4058, 2da. Solicitud de hoja de ruta de fecha 15 de abril de con trámite N° 11204, 3ra. Solicitud de compra de fecha 15 de abril de 2020 con trámite N° 4304, 4ta. Solicitud de autorización de compra de 14 de mayo de 2020 con trámite 5216, 5ta. Solicitud de autorización de compra de fecha 14 de mayo de 2020, con trámite N° 5217, 6ta. Solicitud de autorización de compra de fecha 14 de mayo de 2020 con trámite N° 5218” (sic), fueron respondidas únicamente de forma verbal, además de que no se manifiesta si se habría recibido esa documentación, en el entendido de no haberse cumplido con los diferentes requisitos; 3) Toda autoridad o servidor público tiene la obligación de otorgar contestación escrita positiva o negativa, expresando las razones por la que se da viabilidad o no a una solicitud; así en el presente caso el peticionante de tutela tiene derecho a conocer si se está dando curso o no a su trámite, a efectos de que el mismo pueda asumir las determinaciones que considere pertinentes; 4) De acuerdo al art. 37 del Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de Uso Industrial -Decreto Supremo (DS) 25846 de 14 de julio de 2000-, la autoridad accionada tenía un plazo máximo de veinticuatro horas para otorgar respuesta; sin embargo, en el particular no se la dio a las solicitudes de autorización de compra con los números de trámites detallados precedentemente, vulnerado de esta forma el derecho de petición del accionante; 5) Sobre el derecho al trabajo, en razón a haberse concedido tutela respecto al de petición, no es posible conocer si la contestación a otorgarse por la administración será positiva o negativa para considerar la violación de otros derechos; asimismo, el impetrante de tutela no demostró de qué manera ante la falta de respuesta se lesiona dicho derecho al trabajo, siendo necesario un nexo entre la vulneración del derecho de petición y el de trabajo, por lo cual no se evidencia la transgresión de éste último; 6) En dicho sentido, respecto a las cartas presentadas el 16 y 28 de enero, 11 de febrero y el 24 de abril, todos de 2020, al contar con respuestas, el Tribunal de garantías remitirá las mismas al peticionante de tutela; y, 7) Respecto a las solicitudes de autorización de compra con números de trámites 4058, 11204, 4204, 5216, 5217 y 5218, la autoridad accionada deberá pronunciarse en el marco de sus obligaciones.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a) Comercializar, importar y exportar productos químicos y materia prima o todo lo referente al rubro; b) Fabricación o elaboración, comercialización de productos químicos y artículos diversos referente al rubro, c) Elaboración y comercialización de aguas destiladas, agua acidulada o electrolito para baterías,
- SERVICIO DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS QUÍMICAS
- a)
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- 1)
- i)
- 1.2.3. Intervención de los terceros interesados
- concedió en parte
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición’.
- 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y, 4) La obligación por parte de la autoridad o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse
- III.2. Análisis del caso concreto
- III.3 Otras consideraciones
- Fragmento 18
- 1° CONCEDER en parte