SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0229/2021-S2

Por consiguiente, la falta de resolución sobre la suspensión condicional de la pena, por parte del Juez demandado, dejó en incertidumbre al solicitante de tutela, respecto a la definición de su situación jurídica; ya que, el mencionado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; no constituyendo justificativo la suspensión de plazos procesales debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; toda vez que, la aludida autoridad no consideró que la Resolución 1/2020 de 9 de abril, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), insta a los Estados, garantizar la situación de las personas privadas de libertad, de forma racional y ordenada, disponiendo medidas alternativas a la privación de la libertad; lo que, conlleva a concluir que al no haber actuado el demandado, con la rapidez que se debe tratar las tramitaciones donde de por medio se pueda afectar el derecho a la libertad de una persona; emitiendo providencias dilatorias, retardó innecesariamente la resolución del indicado beneficio y por ende su situación jurídica; puesto que, en su rol de administrador de justicia, se apartó de los principios de celeridad y el acceso a una justicia pronta y oportuna, que funda a la jurisdicción ordinaria, ocasionando una lesión al señalado derecho y al debido proceso en su vertiente celeridad; correspondiendo conceder la tutela demandada.