SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0247/2021-S2

La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

i)     Las razones por las cuales considera que la norma vigente para el régimen sancionatorio de la AFP es el DS 24469, por aplicación del art. 21 del DS 27324, argumento que cumple el estándar de una motivación y fundamentación suficiente, pues identifica de manera razonada y precisa cual es el ordenamiento jurídico vigente para que la APS, pueda fiscalizar las actividades de la entidad accionante.

Sobre este punto, es necesario precisar, que si la parte impetrante de tutela consideraba que existe una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, o errónea interpretación del mismo, le correspondía cumplir con la carga argumentativa suficiente para que este Tribunal pueda revisar si dicha interpretación de legalidad ordinaria es incorrecta; la demanda tutelar no muestra, cual debió ser la interpretación adecuada, respecto al régimen sancionatorio, tampoco justifica los argumentos que sustentan el cuestionamiento a la vigencia del ordenamiento jurídico sancionatorio; es decir, no identifica la norma que expresamente derogó o abrogó la normativa aplicada en el proceso sancionatorio, cuál el régimen vigente y sobre todo como su supuesta interpretación o aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico, lesionó sus derechos y garantías constitucionales; carga argumentativa que en esta acción de defensa no fue desarrollada de manera suficiente, impidiendo a este Tribunal ingresar a examinar la interpretación y aplicación de legalidad; por lo que, al respecto corresponde denegar la tutela solicitada;