SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0283/2021-S4

Sucre, 22 de junio de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: René Yván Espada Navía

Acción de amparo constitucional

Expediente: 35124-2020-71-AAC

Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 68/2020 de 13 de agosto, cursante de fs. 114 a 123, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Misael Oquendo contra Jhonny Ramos Chura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de julio de 2020, cursante de fs. 25 a 30 vta.; el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpuso una primera acción de amparo constitucional, que fue denegada por no haber dirigido la misma contra el supuesto supresor de sus derechos y por ausencia de documentación relativa a la constitución de su domicilio; por lo que ahora interpone una nueva acción de tutelar, sosteniendo que como resultado de la unión conyugal de su madre con Octavio Ramos Quispe; ante la conformación de una nueva familia, constituyeron su hogar en el domicilio ubicado en la ahora denominada calle Melchor Pérez de Olguín 7 entre Jacinto Rodríguez, donde junto a su hermano continuaron viviendo hasta el 2 de junio de 2020, pese al fallecimiento de su madre que data de mayo de 2015.

Durante ese tiempo, con la finalidad de vivir en buenas condiciones en el inmueble, realizó construcciones nuevas en las que convivió con su esposa e hija, y aun estas dejaron la misma, él continuó habitándola; empero, la situación cambió, en razón del accidente que sufrió su padrastro, ya que tras su internación hospitalaria, su hijo biológico se apersonó, con una actitud renuente para con él y su hermano, desconociendo su ocupación en el referido domicilio; puesto que, el 2 de junio de 2020, después de haber realizado algunos trabajos que permitan su subsistencia durante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional a raíz de la pandemia coronavirus COVID-19, al retornar a su vivienda se percató que sus llaves no abrían la puerta de ingreso, debido al cambio intempestivo de chapa, arbitrariedad ejercida por Jhonny Ramos Chura –hijo de su padrastro–, a quien le pidió que le permitiera entrar; sin embargo, su negativa fue rotunda a sabiendas de que todas sus pertenencias se encontraban en los cuartos que ocupaba junto a su hermano.

Agregó que recurrió a la Policía, para que a través de su intervención, pudiera ingresar a la vivienda; empero, fueron vanos sus esfuerzo, dado que dicha instancia nunca los atendió; razón por la cual, interpuso la anterior acción de defensa, en la cual, el demandado confesó que cambió la chapa, alegando ser el único propietario del inmueble y engañosamente indicó que su persona no vivía en la misma; cuando quien ostenta el derecho propietario sobre ella, es Edgar Ramos Chura, hermano del ahora demandado; pese a determinarse la entrega de la llave por parte de las autoridades jurisdiccionales, este extremo no fue cumplido, negando su ingreso en presencia incluso de un Notario de Fe Pública.

Las acciones de hecho señaladas, le impiden acceder a sus herramientas de trabajo (equipos de sonido, consolas, luces, micrófonos y otros), que se encuentran en el interior del domicilio, causándole un perjuicio irreparable en sus ingresos económicos; cuando este, por las mejoras realizadas durante la vigencia del núcleo familiar formado con su fenecida madre, constituyen bienes gananciales, por tanto correspondientes a él; por lo tanto, la restricción constituye una forma de violencia en su contra, debido a que al encontrarse a la intemperie “viviendo de préstamos” (sic), se pone en riesgo su salud, y por ende, su vida; tomando en cuenta la crisis sanitaria que se atraviesa actualmente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la dignidad vinculado con los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la vivienda digna, citando al efecto los arts. 9.2., 19.I, 21, 22 y 125.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 11.1 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; disponiendo la restitución inmediata de la chapa y seguros de la puerta que permitan su ingreso al interior de la vivienda, o en su defecto, se le entregue la nueva llave. Asimismo, se ordene al demandado “… sea por sí o por terceras personas, abstenerse de realizar actos de perturbación o impedimento al ingreso al domicilio… ” (sic); finalmente, indicó que sea con costas y pago de resarcimiento de daños y perjuicios en previsión de lo previsto por el art. 113.I de la CPE.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de agosto de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 113 vta., presentes el solicitante de tutela al igual que la autoridad demandada asistidos de sus abogados, así como el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos manifestó que: a) Tomando en cuenta que la anterior acción de defensa presentada fue denegada, en razón de no haberse identificado al supuesto sujeto que incurrió en la medida de hecho denunciada, y al contar ahora con la confesión del mismo, reitera el presente mecanismo de defensa para que se proceda al análisis del caso. De donde se evidencia la inexistencia de identidad de sujeto entre ambos recursos planteados; b) Así también, se tiene plenamente identificada la acción de hecho que viene restringiendo sus derechos, traducida en el cambio arbitrario de la chapa de la puerta de ingreso a su domicilio y la falta de entrega de la llave respectiva, situaciones que deben ser atendidas por la instancia constitucional; y, c) La posibilidad de generar mayor prueba se encuentra limitada precisamente por la restricción en el ingreso a su vivienda, por lo que pese a que “no existe la figura de una inspección judicial, sin embargo, bajo este principio de la flexibilización y de la verdad material, rogamos (…) constituir en el inmueble para ingresar y que pueda constatarse de que no eran un deposito si no la vivienda” (sic); de tal manera que quede corroborada la habitualidad y habitabilidad de la misma.

I.2.2. Intervención del demandado

Jhonny Ramos Chura, a través de su abogado, en audiencia, señaló lo siguiente: 1) En la anterior acción de amparo constitucional interpuesta, denunciaron al padre del ahora demandado y al tercer interesado, exponiendo los mismos hechos y supuestos derechos vulnerados; por lo que, no correspondería un nuevo pronunciamiento; 2) El solicitante de tutela omitió referir que Juan Misael Oquendo, sujeto con el que impetró la primera acción aludida, “se encuentra sometido a medidas de protección entre ellas la prohibición de concurrir al bien inmueble al lugar de trabajo y lugares que frecuente la víctima” (sic), situación emergente de un proceso penal por violencia doméstica ejercida en contra de su padre Octavio Ramos Quispe, razón por la que no puede ingresar al domicilio de este último; 3) En la anterior audiencia celebrada en razón de la primera acción de defensa planteada, se explicó que el accionante tiene otra vivienda y que nunca se le negó el uso de los ambientes que refiere para el depósito de sus “equipos”; 4) De ninguna forma se está perjudicando al impetrante de tutela, tomando en cuenta que su ocupación laboral es la de animación de eventos sociales, mismos que por la pandemia se encuentran restringidos; y, 5) Finalmente, el cambio de chapa fue determinado por un tema de seguridad, puesto que a causa de su mal estado ponía en riesgo la vivienda.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de la Resolución 68/2020 de 13 de agosto, cursante de fs. 114 a 123, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que la acción de amparo constitucional concluye con la emisión de la resolución emitida en grado de revisión en instancias del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que al encontrarse pendiente en la misma, no resulta permisible la interposición de una nueva cuestionando lo determinado por el Tribunal de garantías, dado que deberá estarse a la espera del fallo definitivo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Resolución 25/2020 de 29 de junio, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dictada dentro de una primera acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Misael Oquendo y Jorge Alejandro Oquendo contra Octavio Ramos Quispe, la misma que resolvió denegar la tutela impetrada; en razón a que, las acciones de hecho denunciadas no hubieran sido cometidas por el denunciado, sino por su hijo Jhonny Ramos Chura, tercero interesado en la referida acción –ahora demandado– a quien se le instruyó la entrega “de las llaves correspondientes al Sr. Juan Misael Oquendo, a efectos de que pueda tener acceso a sus instrumentos de trabajo” (sic) (fs. 98 a 102).

II.2. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se tiene el expediente 34315-2020-69-AAC, ingresado el 27 de julio de 2020, correspondiente a la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Misael Oquendo y Jorge Alejandro Oquendo contra Octavio Ramos Quispe, en la que consta la Resolución señalada supra.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de su derecho a la dignidad y su vinculación con los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la vivienda digna; habida cuenta que de forma arbitraria, hubiera sido impedido su ingreso a su domicilio, como consecuencia del cambio de chapa de la puerta de acceso a la misma; y, si bien interpuso anteriormente una acción de amparo constitucional, en la que mediante Resolución 25/2020 de 29 de julio, se denegó la tutela impetrada; empero, se determinó la entrega de la llave correspondiente, extremo no fue cumplido por el ahora demndado persistiendo la imposibilidad de acceso al inmueble.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional, cuando se encuentra pendiente de resolución una anterior con el mismo fin

Dentro del marco normativo que rige la naturaleza jurídica y tramitación de la acción de amparo constitucional, se tiene la norma jurídica contemplada en el art. 128 de la CPE, que establece que este mecanismo extraordinario, tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, estableciéndose además en el art. 129 de la citada Norma Suprema, que podrá ser interpuesta por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, determinando que su activación deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; preceptos constitucionales que armonizan con el contenido del art. 51.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que instituye que esta acción tutelar tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos de las personas.

En el marco de lo señalado, y dada la naturaleza especialísima y extraordinaria de las acciones de defensa, así como su carácter de sumariedad, vinculatoriedad y obligatorio cumplimiento, a la luz de los principios de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia, así como en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva, no es viable interponer dos o más acciones tutelares con el mismo fin cuando una anterior acción se encuentra pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional; razonamiento que encuentra su génesis en el desarrollo doctrinal comprendido en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, que refiriéndose a la imposibilidad de presentar una nueva acción tutelar cuando la primera que se planteó aún se encuentre en trámite, concluyó señalando que: “Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo (…). A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías” (las negrillas son agregadas).

Sobre la misma cuestión, la SCP 0024/2016-S3 de 4 de enero, haciendo mención a la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, refirió que: “La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, definió que la justicia constitucional no puede ser utilizada indiscriminadamente; por ello, no es posible que una misma persona presente una nueva acción de defensa denunciando un mismo hecho pues existiría litispendencia y tampoco cuando exista cosa juzgada constitucional; razón por la cual, si el accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, objeto y causa, pese a conocer que se configurara una litispendencia o cosa juzgada, su conducta podrá ser reprochada y calificada como temeraria, independientemente de inviabilizar la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de lo solicitado”; entendimiento que se encuentra en armonía con el contenido de la SC 1266/2010-R de 13 de septiembre, que refirió que: “…la jurisdicción constitucional no puede ser usada indiscriminadamente, peor aun cuando ya se ha presentado una acción tutelar y ésta no ha concluido con una resolución firme que se convierta en cosa juzgada constitucional, por lo que si una vez presentada una acción tutelar, y los accionantes presentan otra acción sobre un mismo objeto, entonces tal acción resulta ser temeraria, ya sea el caso de haber interpuesto una acción tutelar y solicitar el cumplimiento de otra presentada anteriormente, o el hecho de presentar acciones tutelares denunciando que el Tribunal de garantías no ha aplicado correctamente la normativa ni el proceso establecido por la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entonces, dentro de estos casos no es posible hacer un análisis sobre el fondo de lo pedido, porque de hacerlo se podría dar una innecesaria duplicidad de resoluciones, motivo por el cual en estos casos debe declararse la improcedencia del recurso, ahora acción de amparo constitucional, y denegar la tutela solicitada” (las negrillas nos corresponden).

En el mismo sentido, el AC 0387/2017-RCA de 24 de octubre, precisó que: “El accionante que active una demanda tutelar, no puede presentar otra bajo los mismos fundamentos y buscando el mismo efecto; pues estaría activando dos mecanismos jurídico constitucionales paralelos, cuyas resoluciones podrían ser contradictorias entre sí, lo cual implicaría un indebido uso de los medios estatales para proteger derechos fundamentales, así como también generaría inseguridad jurídica, pues se obtendrían dos resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyo cumplimiento si bien es obligatorio, serían de imposible ejecución, ante la posible contradicción existente, ingresando el accionante en una situación procesal ambigua e irregular. Si dicha situación es advertida por el juez o tribunal de garantías, corresponde disponer la improcedencia de la segunda causa” (las negrillas son nuestras).

En ese sentido, y considerando el desarrollo normativo y jurisprudencial antes anotado, se concluye que no está permitido activar una nueva acción de amparo constitucional que tenga identidad de sujeto, objeto y causa con una anterior acción de tutela interpuesta y esta se encuentra aún pendiente de resolución; ello porque no solamente implicaría el riesgo de incurrir en una duplicidad de fallos, con la probabilidad de incurrir en decisiones contradictorias, situación jurídica no deseada, sino fundamentalmente porque dicho accionar constituye un uso abusivo de los mecanismos extraordinarios de defensa constitucional, activando innecesariamente el aparato judicial del Estado; de manera que, este aspecto debe ser revisado en la etapa de admisibilidad, ya sea por las Salas Constitucionales o los Jueces o tribunales de garantía, al momento de conocer y analizar la demanda presentada, para –en su caso– declarar su correspondiente improcedencia; sin embargo, cuando dicha causal no ha sido oportunamente advertida en la primera etapa (admisibilidad), tramitándose en consecuencia la acción de defensa hasta emitir resolución, este Tribunal puede, en revisión, denegar la tutela, por cuanto, en armonía con los argumentos expuestos, no es viable la activación de una segunda acción de amparo constitucional, cuando, con anterioridad, ya se planteó otra con los mismos argumentos y el mismo fin.

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, el impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho a la dignidad vinculado con sus derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la vivienda digna; toda vez que, de forma arbitraria hubiera sido impedido de ingresar a su domicilio, como consecuencia del cambio de chapa de la puerta de acceso a la misma; y, si bien anteriormente interpuso una primera acción de amparo constitucional, en la que mediante Resolución 25/2020 de 29 de julio, se denegó la tutela impetrada; empero, se determinó la entrega de la llave correspondiente al solicitante de tutela, extremo que según señala, no hubiera sido cumplido por el ahora denunciado, persistiendo la imposibilidad de acceso al inmueble.

Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes relativos al presente caso y los argumentos expuestos por la parte accionante; de donde se evidencia que conforme se señala, el precitado junto a Jorge Alejando Oquendo, interpuso con anterioridad a la presente acción de amparo constitucional, una primera acción de defensa en contra de Octavio Ramos Quispe; la misma que fue atendida y resuelta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de la Resolución 25/2020, que denegó la tutela impetrada en razón a que los hechos denunciados no hubieran sido cometidos por el entonces denunciado, sino por su hijo Jhonny Ramos Chura, –tercero interesado–; a quien se ordenó la entrega de las llaves al afectado a efectos de que éste acceda a sus instrumentos de trabajo.

Ahora bien, no obstante haber obtenido el citado fallo en el primer amparo, ahora, el mismo accionante, reitera su denuncia alegando idénticos hechos que motivaron la anterior acción tutelar; es decir, la restricción de la que supuestamente fue objeto de ingreso a su domicilio, como consecuencia de la comisión de medidas de hecho, al habérsele cambiado la chapa de la puerta de ingreso, pese a que en ese lugar se encuentran sus instrumentos de trabajo; solicitando de igual manera en ambas acciones, que se levante dicha restricción y se permita su acceso; y si bien, en el primer amparo se lo dirigió contra distinto sujeto procesal, como es el padre del ahora demandado; sin embargo, los hechos reclamos son los mismos; por lo tanto, no resulta viable activar un nuevo mecanismo de defensa mientras el primero de los activados no hubiera concluido en su tramitación; más aún en el caso analizado, dado que el anterior mecanismo constitucional, tal como se señaló, si bien fue rechazado por falta de legitimación pasiva; sin embargo, se ordenó al tercero interesado –ahora demandado- la entrega de las llaves del domicilio al accionante, para que pueda tener acceso a sus instrumentos de trabajo.

En ese orden, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se evidencia que el expediente 34315-2020-69-AAC, correspondiente al primer amparo constitucional interpuesto por Juan Misael Oquendo y Jorge Alejandro Oquendo contra Octavio Ramos Quispe, ingresó a esta instancia constitucional el 27 de julio de 2020, y a la fecha aún no cuenta con Sentencia Constitucional Plurinacional.

En ese sentido, de acuerdo al desarrollo normativo y jurisprudencial precisado anteriormente, no está permitido activar una nueva acción de amparo constitucional cuando los mismos hechos fueron denunciados y analizados en un anterior idéntico mecanismo que se encuentra pendiente de revisión, dado que dicho extremo no es conforme a derecho, al constituir un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, sobre un mismo objeto y buscando el mismo efecto.

Así, siendo que, entre la causa signada con el número 34315-2020-69-AAC (anterior acción de amparo constitucional) y la que motiva esta Sentencia (35124-2020-71-AAC): i) Existe identidad de sujetos, al tratarse de la misma persona que interpone la acción de tutela constitucional (Juan Misael Oquendo); y, si bien se encuentra dirigida contra el que fue tercer interesado en la primera; el mismo, hubiera declarado ser quien cometió el acto supuestamente lesivo a los derechos que se reclamaron en ambas acciones; por lo que, queda identificado como el sujeto contra quien se pretende asuma responsabilidad, evidenciándose así que se trata de la misma persona contra quien ahora se demanda; ii) Hay identidad de causa, dado que, en las aludidas acciones de defensa, se acusa la imposibilidad de ingreso a su domicilio debido al cambio de chapas en la puerta principal; y, iii) Ambos procesos constitucionales tienen como objeto, como es que se disponga la entrega de la llave que permita el acceso a la vivienda; y tomando en cuenta que la primera acción de amparo constitucional interpuesta (34315-2020-69-AAC), aún se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que antes de ello, cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material, haciendo inviable la pretensión ahora impetrada por el accionante.

Finalmente antes de concluir, cabe hacer notar al ahora accionante, que las determinaciones asumidas por los jueces y tribunales de garantías, en caso de concesión de las acciones tutelares, son de cumplimiento inmediato y obliagatorio, por lo tanto, en caso de que considere el incumplimiento de un fallo constitucional dictado por dichas autoridades, aun cuando este aún no hubiera merecido aún, una resolución de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional y se encontrare pendiente de revisión, pueden activar el recurso de queja ante la instancia de garantías a efectos de exigir el cumplimiento de las determinaciones asumidas en la misma, trámite que se inicia y concluye en esa instancia, mientras no se dicte una Sentencia Constitucional Plurinacional; en el entendido que dichas autoridades están en la obligación de hacer cumplir sus determinaciones.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, efectuó un correcto análisis de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 68/2020 de 13 de agosto de 2020, cursante de fs. 114 a 123, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO