SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2021-S3

Resuelta como se encuentra la problemática planteada, corresponde a este Tribunal referirse al proceder del Tribunal de garantías, al haber enviado para revisión a esta instancia un Disco Compacto (CD), con la grabación del acta de audiencia de la acción de libertad efectuada el 28 de julio de 2020 y un resumen del cuadro sinóptico de los actuados que hubieren acontecido en dicho acto procesal; ante dicha irregularidad, resulta menester aclarar que tal proceder va contra lo previsto en el art. 29.4 inc. f) del Código Procesal Constitucional (CPCo), que respecto a las normas comunes de procedimiento en acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales, establece lo siguiente: “El expediente constará por escrito y estará integrado por: (…) El acta de audiencia”; consiguientemente, la remisión del acta de audiencia por escrito donde consten todos los actuados desarrollados es una obligación a ser cumplida por dichas autoridades; pues, si bien el
art. 36.1 de dicha norma, dispone que: “La audiencia será oral y su desarrollo constará en acta, pudiendo utilizarse otros medios de registro, excepto en los casos prohibidos por ley”, debiendo considerarse que esto constituye una posibilidad en casos con particulares circunstancias, mas no constituye un mandato expreso como lo determinado en el citado art. 29 del CPCo; por lo tanto, la obligación de la transcripción del acta de audiencia en una acción de defensa resulta ineludible.

Al respecto, tal omisión hubiere eventualmente implicado la suspensión de plazos procesales y la devolución de antecedentes para el cumplimiento de dicho requisito; sin embargo, en la situación fáctica concreta no se procedió de esa manera, por una parte al existir los elementos necesarios como los informes escritos de los accionados, el punteo contenido en el cuadro sinóptico de lo acontecido en la audiencia y los fundamentos del Tribunal de Garantías que efectuaron un resumen de la misma, sumado a que el caso en análisis trata precisamente de una dilación indebida y la tutela concedida es por pronto despacho, en consecuencia, por economía procesal y con la finalidad de no demorar la resolución del caso, se resolvió en base a lo remitido, correspondiendo sin embargo, exhortar al indicado, en lo futuro observe este aspecto y no incurrir más en dichas omisiones.