SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2021-S3

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de “Marbel” Silvana España Pedraza y Marco Antonio Madrid Gutiérrez contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, presentó a la Jueza hoy accionada un memorial adjuntando un certificado médico expedido por Luis Carlos Montaño Zambrana, mediante el cual se acreditó que su vida está en riesgo, ya que padece de hepatitis B persistente en fase aguda reactiva y refractaria, más enfermedad viral de posible dengue, contando además con bajas defensas inmunológicas; sin embargo, dicha autoridad judicial negó la validez de ese certificado, y lo declaró rebelde en una primera oportunidad.

Posteriormente, purgó la rebeldía y presentó un incidente de actividad procesal defectuosa, señalando que se enteró de la existencia del proceso penal iniciado contra su persona por una publicación de periódico de 20 de febrero de 2020, donde consta que se emitió imputación formal contra su persona por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, es así que solicitó fotocopias legalizadas del cuaderno procesal para que pueda asumir defensa, puesto que no fue citado con la denuncia y menos se le tomó la declaración informativa policial.

La Jueza hoy accionada señaló audiencias de fundamentación de incidente para el 28 de julio de 2020, y de consideración de medidas cautelares para el 30 de igual mes y año. En la audiencia fijada referente al incidente de actividad procesal defectuosa asistió su abogado, quién presentó un certificado médico, mediante el cual acreditó que su vida se encontraba en peligro, puesto que además de la enfermedad de base hepática que presenta, y su estado de bajas defensas inmunológicas, en ese momento tenía síntomas de coronavirus (COVID-19), por lo que se veía imposibilitado de asistir a las audiencias fijadas; sin embargo, a pesar de aquello, la Jueza ahora accionada por segunda vez, volvió a negar la validez del mencionado certificado vulnerando sus derechos, y también, “amenazó” a su abogado indicándole que si su persona no asistía a la audiencia de consideración de medidas cautelares fijada para el 30 de igual mes y año, libraría ordenes de aprehensión y allanamiento de su bien inmueble, impidiendo fundamentar el incidente planteado, privándole de su derecho a argumentar, contradecir y alegar.