Auto Supremo AS/0762/2015-RRC-L

Que los fundamentos de su apelación se circunscriben en una valoración ilegal de la prueba de cargo, toda vez que la prueba “PC1” no establece la comisión del delito, porque la Sentencia absolutoria no declaró el actuar temerario de su persona, que el iniciar una acción constituye un derecho constitucional de pedir tutela jurídica y que la parte dispositiva de la mencionada sentencia no le reprocharía, que accionó este derecho en representación de una empresa y no por motivos personales; que la prueba “PC2” no demuestra la comisión de un delito, porque actuó como representante de la empresa y contrariamente le absolvería de toda responsabilidad posterior, pues si bien la denuncia por apropiación indebida y otro, derivó también en una absolución, no demostró la existencia de malicia o temeridad en la acusación lo que le excluye de toda responsabilidad legal, y la imposibilidad de ser utilizado como elemento delictivo; que la prueba “PC3” no prueba la comisión de un delito por sus antecedentes procesales y contenido de carácter pendiente con relación a la denuncia realizada en DIPROVE, la misma que fue rechazada no porque el denunciado no sea autor, de lo que se evidencia que no existe calumnia porque existe duda sobre la comisión de ese ilícito; y por último argumenta que las acciones penales iniciadas contra el querellante fueron en representación de una empresa y no de forma particular, que no existió dolo ni culpa porque se siguieron instrucciones de sus mandantes; con base a estos fundamentos, solicitó que se anule totalmente la sentencia, con costas y multas de ley