Auto Supremo AS/0132/2015-L

En efecto, cabe señalar que la Constitución Política del Estado de 1967, dispone en su art. 162 par. II que "los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias y que tiendan a burlar sus efectos", es decir que la norma fundamental del ordenamiento jurídico aplicable con preferencia a las leyes, establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, en consecuencia, es imprescindible no ignorar que los tribunales, jueces y autoridades deben aplicar la ley suprema del ordenamiento jurídico con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otra resolución, a más de que los beneficios sociales son inembargables por imperio de los arts. 52 del Decreto Supremo de 16 de marzo de 1925 y 92 de la Ley General del Trabajo; asimismo el art. 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo, establece el principio de proteccionismo, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores. En ese marco, la deducción realizada por la institución demandada a momento de la liquidación de beneficios sociales va en contra de la Constitución Política del Estado, así como el art. 4 de la Ley General del Trabajo, normas aplicables con preferencia, por lo que los tribunales de instancia determinaron correctamente al respecto