Auto Supremo AS/0452/2015

Constituyendo el derecho de acceso a la justicia la facultad que tiene toda persona de poder acudir ante los tribunales correspondientes a efectos de formular pretensiones o defenderse de ellas, y obtener, en consecuencia, la tutela (o no) de su pretensión, implica que los Jueces o Tribunales que conozcan, tramiten y resuelvan demandas y recursos, asuman un rol activo en la configuración del nuevo sistema de justicia, subsanando los defectos procesales, con la finalidad de evitar el rechazo de los procesos y otorgar justicia material a quienes acuden a esa vía.
El derecho de acceso a la justicia pregona el antiformalismo, bajo la idea rectora de que el proceso es solo un instrumento para hacer efectivo un derecho. En ese sentido la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: “….y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos…”
En ese marco, también es necesario referirse al razonamiento del Tribunal de apelación en cuanto a los puntos que deben ser resueltos y a la fundamentación de los mismos, al efecto debe observarse la previsión contenida en el art. 236 del CPC aplicable a la materia por mandato del art. 252 del CPT, que marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o Tribunal de apelación, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por Ley