Auto Supremo AS/0957/2016-RRC

Dentro de los derechos que forman parte del debido proceso, se encuentra el art. 407 del CPP, que establece que el recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley; es decir, que es un recurso de puro derecho, quedando vedado al Tribunal de apelación descender a revisar cuestiones de hecho o revalorar prueba, criterio que fue asumido en varios Autos Supremos, entre ellos el 251/2012-RRC de 12 de octubre, que dispuso: “La apelación restringida no es un medio que abra la competencia del Tribunal de apelación para la revalorización de la prueba, puesto que en el sistema procesal acusatorio vigente rige el principio de inmediación por el que los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad, de modo que corresponde al Tribunal de apelación realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal de juicio, actividad que debe ceñirse al respeto de las reglas relativas a la carga de la prueba -onus probandi-, la legalidad de la prueba practicada y a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, o dicho de otro modo el control de la valoración de la prueba está referido los vicios de fundamentación, vicios en la sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba que no ha sido producida, exclusión de la prueba que si ha sido producida, valoración de prueba ilícita