Auto Supremo AS/0415/2016

"El actor al momento de interponer su demanda también debe acompañar a la misma la certificación o documentación que acredite quien es el propietario registral del inmueble que pretende usucapir y no se trata de una simple prueba sino que a través de la misma se vincula jurídicamente al sujeto pasivo de la demanda (propietario) contra quien se pretende se opere el efecto extintivo de la usucapión y por consiguiente, no es permisible la consolidación del derecho propietario por vía de usucapión entre eventuales poseedores de un mismo inmueble sobre el cual tienen la misma calidad de poseedores como ocurre en el caso presente, donde el demandante principal pretende la usucapión decenal dirigiendo su demanda contra su similar poseedor y éste a su vez al momento de contestar también interpuso demanda reconvencional de usucapión decenal contra el demandante respecto al mismo inmueble...". A. S. Nº 361 de 25 de septiembre de 2012.”
Por otro lado en el Auto Supremo No. 446/2014 de 15 de agosto 2014, se señaló que “De no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se debe agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en el respectivo Gobierno Municipal quien también debe emitir certificaciones a través de su área técnica y Catastro dando cuenta a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y si el inmueble se encuentra en el área urbana o rural y otros aspectos que permitan una adecuada identificación.”
Asimismo “…se orientó también en caso de que el inmueble que se somete a usucapión pertenezca a más de un titular, el actor debe determinar en forma precisa ese aspecto identificando a los titulares de esas fracciones que se verían afectados y dirigir la demanda contra ellos, siendo de vital importancia que los propietarios y terceros que tengan interés cierto, conozcan a plenitud de la acción intentada a efectos de que estén a derecho y asuman defensa si así ven por conveniente, de lo contrario se vulnera el debido proceso dejando en estado de indefensión al titular del inmueble, aspecto que la ley castiga con la nulidad.”
IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
En la forma
En esta vía los recurrentes en lo fundamental pretenden la transgresión del Art. 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial, al respecto es clara en su disposición conforme se ha razonado por parte del Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional señalada en el punto III del presente fallo, de ello se desprende que si bien la revisión de oficio de las actuaciones procesales procede ante los asuntos previstos por ley, por determinación de la norma legal citada, debe incluirse en dicha procedencia, “frente a aquellos actos procesales que sustenten su vigencia bajo hechos que supongan una notoria lesión y vulneración a derechos y garantías procesales constitucionales, de modo que sea materialmente posible el resguardo de las personas que intervengan como sujetos procesales dentro del ámbito jurisdiccional o administrativo. De ese modo, el art. 17.I de la LOJ., se flexibiliza conjuntamente el art. 236 del CPC., a efecto de que proceda la revisión de actuaciones procesales de oficio cuando el Juez o Tribunal identifique que la irregularidad jurídica del acto conlleva una intolerable vulneración de derechos y garantías, es decir, en la medida que frente a un supuesto de conculcación evidente de derechos y garantías, el Juez o Tribunal podrá pronunciarse más allá de los aspectos solicitados en el recurso interpuesto...”( S.C.P. Nº 1357/2013)