Auto Supremo AS/0134/2016

El art. 17.l de la LOJ, prevee la nulidad de actos determinadas por tribunales, establecimiento que: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”; esta norma debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia que pregona la Constitución Política del Estado (CPE), por ello los jueces y tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor solo a aquellos asuntos previstos por ley. Corresponde entonces precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, para ello el juez o tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación y celeridad a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes