Auto Supremo AS/0323/2017-RRC

En relación al principio de preclusión, por el que las partes procesales deben ejercer los mecanismos procesales idóneos y en el momento oportuno a fin de hacer valer sus derechos, es preciso considerar que las autoridades jurisdiccionales, tienen la obligación de resolver las cuestiones específicamente reclamadas por los sujetos procesales a través de los medios de impugnación reconocidos por ley. En ese entendido, el art. 17.II de la LOJ, establece que en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, estableciendo a su vez el art. 398 del CPP, que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; es decir, se pronunciaran sobre los puntos impugnados por lo recurrentes, no pudiendo efectuar consideraciones más allá de las solicitadas (pronunciamiento ultra petita) o pronunciarse omitiendo resolver una o varias temáticas (citra petita), lo que está vinculado estrechamente con lo previsto en el art. 124 del mismo Código, que establece la obligación de fundamentación de los jueces a tiempo de resolver las cuestiones planteadas, en concordancia con el derecho al debido proceso y a los principios de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica, consagrados por la Norma Fundamental