Auto Supremo AS/0326/2017-RRC

Finalmente, los Autos Supremos 267/2015-RRC de 23 de abril, 529 de 17 de julio de 2006 y 444 de 15 de octubre de 2005, tienen como base de su doctrina legal aplicable, la revalorización de prueba en alzada, la inadecuada subsunción de la conducta a los tipos penales denunciados; aspectos que, como ya se refirió ut supra no ocurrió en el caso de autos; puesto que, en el presente caso el Tribunal de mérito no es que incurrió en una falencia en la adecuación de la conducta de la imputada al marco descriptivo penal, sino que declaró su absolución en mérito a que la prueba aportada por el Ministerio Público no fue suficiente ni idónea para establecer la verdad histórica del hecho, menos el Tribunal de alzada efectuó revalorización de prueba alguna, limitándose a controlar si la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de mérito fue correcta; en consecuencia, los precedentes invocados como contradictorios no son similares al caso de autos, por lo que no se puede visualizar la existencia de la contradicción alegada por el Ministerio Público, debiendo tenerse presente que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada)