Auto Supremo AS/1199/2018

Asimismo, señala que las autoridades de instancia, aplicando leyes y jurisprudencia que no corresponde al caso, dado que se hace referencia a la cláusula resolutoria, no puede estar por encima de las normas que regulan la evicción y saneamiento. Añade que no existiría prueba, que dentro los seis meses establecidos en el contrato, los vendedores hayan cumplido con la evicción y saneamiento de los lotes de terreno, pues no cursa en obrados, documentales consistentes en la actualización de datos y planos aprobados y registrados en DDRR.
Hasta aquí, los argumentos planteados por Alfredo Soria Ortiz en su recurso de casación en el fondo, se sustentan en la evicción y saneamiento, institutos que no fueron debatidos en ninguna etapa del proceso; tal es así, que en la respuesta a la demanda, dentro su reseña histórica, señala que el precio de la compra era alto, pese a ello se había hecho la rebaja a $us.9.000 con los vendedores, quienes posteriormente desaparecieron; asimismo, en los diez años los demandantes no habrían regularizado los datos de los terrenos, oportunidad –como refiere– para que amparado en el art. 138 del CC, pueda regularizar el derecho propietario con la posesión pacifica, espontanea, pública, continua, libre y consentida. Con estos fundamentos, planteó excepción de incompetencia, prescripción o caducidad y desistimiento o abandono del derecho (fs. 99 a 102). Más adelante, revalidando las excepciones opuestas a la demanda, ratificó en toda su extensión el contenido de una demanda de usucapión planteada en otro juzgado, reconviniendo la misma contra los demandantes (fs. 111 a 112)