Auto Supremo AS/0166/2018-RRC

El recurrente denuncia que en el juicio oral se demostró con prueba idónea los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes; sin embargo, los juzgadores no valoraron las pruebas aportadas en el momento de emitir Sentencia, por lo que impugnó en recurso de apelación restringida la insuficiente fundamentación fáctica, probatoria y jurídica; empero, el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso y a la seguridad jurídica por cuanto: i) Emitió una resolución sin fundamentación y motivación jurídica, al declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida y confirmar la Sentencia con relación a la absolución por el delito de Peculado de forma totalmente incoherente y fuera de contexto jurídico, sin cumplir lo señalado por el art. 124 del CPP, no observando que la Sentencia simplemente se abocó a realizar una relación de los hechos y no así del derecho, no se aplicó la sana crítica ni la lógica en el análisis de los hechos, resultando los fundamentos del Auto de Vista impugnado, contrarios al ordenamiento jurídico a los principios constitucionales de contar con una Sentencia justa, oportuna y acorde a los hechos demostrados en juicio; ii) La Sentencia como el Auto de Vista impugnado, carecen de fundamentación y motivación en contravención al art. 173 del CPP, frente a delitos de corrupción que provoca daño económico afectando al patrimonio del Estado; por cuanto, no señalan cuáles las pruebas que eximirían de responsabilidad por el delito de Peculado, ni establecen los fundamentos de hecho y de derecho para determinar la absolución, sin tomar en cuenta los contratos administrativos, aspectos no observados por el Tribunal de alzada; iii) Denuncia defectuosa fundamentación en cuanto a su denuncia, de que la Sentencia carece de fundamentación; en cuanto, a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; puesto que, no aplicó correctamente la dosimetría referente a las agravantes y atenuantes, que constituye un derecho de las partes a conocer las razones en virtud de las cuales se toma una determinada decisión, omisión que vulnera los derechos a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, por el evidente desajuste entre el fallo y los términos planteados en el recurso de apelación restringida