Auto Supremo AS/0316/2018-RRC

Que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos, sancionado en el articulo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el tribunal de sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de tráfico de sustancias controladas; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la insuficiente fundamentación del fallo y la valoración defectuosa de las pruebas, conforme el articulo 370 incs. 1), 5) y 6) de la Ley 1970, lo que convierte en una indebida resolución de reposición de juicio, así se declara.

Que, por consiguiente la Sala Penal del Distrito Judicial del Beni, al no haber advertido ni considerado la insuficiente fundamentación y valoración defectuosa de la prueba en la sentencia, en aplicación del articulo 413 de la Ley Nº 1970, debe anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro tribunal de sentencia”.

Por otra parte, invocan el Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, emitido en una causa seguida por el delito de Cheque en Descubierto, en la cual el Tribunal de casación verificó que la conducta del imputado no se encuadraba adecuadamente subsumida por "falta de tipicidad" al no haber sido interpelado "personalmente" al pago del monto del Cheque en el plazo de 72 horas, tal como establece obligatoriamente el art. 204 del CP, por lo que correspondía declarar en Sentencia, la absolución del imputado por "falta de tipicidad" en su conducta, en relación a lo descrito en la citada norma sustantiva en correspondencia con el art. 363 del CPP; además, de constatar de acuerdo a la prueba existente, que la actividad comercial del imputado daba como resultado el otorgamiento a favor de sus acreedores de emisión de "cheques en garantía", que debieron ser declarados "nulos de pleno derecho", estableciéndose en definitiva la violación al art. 365 del CP, al haber sido condenado erróneamente, así como la contradicción a la línea doctrinal relativa a la aplicación perfecta del "principio de legalidad" en base al axioma "nullun crimen sine previa lege", para la declaratoria de "condena", por lo que se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Una sociedad democrática está sostenida por el equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho al cumplimiento de la reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastará que la ausencia se refleje en uno de ellos para demandar la corrección, aún de oficio, conforme dispone el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, y, con mayor razón si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente a quien le causa perjuicios la forma de resolución que incurre en `error injudicando´, tarea que la ley obliga a que los tribunales de Justicia se sometan a la ley emitiendo sentencias que fluyan del respeto absoluto al `principio de legalidad´ realizando los juzgadores tareas objetivas de subsunción que demuestren, objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal lo contrario significaría crear inseguridad jurídica´ en perjuicio de toda la población