Auto Supremo AS/0480/2018

c) Por último, si bien la Constitución Política del Estado, ha instituido la Autonomía Universitaria, para que las Universidades Públicas, administren libremente sus recursos, nombren autoridades, su personal docente y administrativo, elaboren y apruebe sus Estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, etc., esta autonomía se enmarca a la normativa constitucional y legal que rige el Estado, en el marco de los principios de Jerarquía Normativa y Supremacía Constitucional, instituidos en el art. 410 de la CPE., no pudiendo emitir resoluciones que tienden a soslayar los mandatos de las normas de preferente aplicación; pues si bien, conforme se tiene señalado, la indicada Resolución I.C.U. Nº 034-12, no se aplica al caso, porque es posterior a la desvinculación laboral, como funcionaria administrativa, ésta Resolución no es clara sobre el particular, al reconocer en su primer punto, el pago de beneficios sociales a los docentes y administrativos cuando exista la finalización de su relación laboral con la Universidad, fusionando el periodo de funciones como administrativo y periodo de funciones como docente, “…siempre y cuando no haya existido interrupción laboral con la institución.” ; empero, ratifica la vigencia de la Resolución Rectoral ICU Nº 49/2003 respecto de la separación del reconocimiento de antigüedad en actividades de docente y administrativos; aspecto que de ninguna manera implica una innovación de la normativa anterior, pues cuando concluyen en todos los casos las relaciones laborales (docente y administrativos), de similar manera se cancelan esos beneficios sociales