Auto Supremo AS/0076/2019

De ese modo, el motivo de la infracción acusada no cuenta con el sustento debido, dentro de los parámetros expuestos, no solo por partir de premisas no probadas, sino fundamentalmente porque no justifica la supuesta omisión de valoración de la prueba ni el supuesto error de hecho en la valoración de la prueba que acusa, recordando además que esta Sala está inhibida de valorar prueba, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1286 del CC, como asimismo por la jurisprudencia nacional, que ha establecido que se trata de una facultad privativa de los tribunales de instancia. Al respecto, debe recordarse que la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia conforme a la valoración que le otorga la ley con la facultad incensurable que les confiere los artículos 1286 del Código Civil y 145. II del Código Procesal Civil, normas legales que facultan a los tribunales de grado a valorar la prueba de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, facultad privativa que es incensurable en casación; más aún, si se trata de materia laboral en la que el Juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario, forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme instituye el art. 158 del CPT, razón por la cual, cuando se denuncia su incorrecta valoración o apreciación, los recurrentes tienen la obligación procesal de demostrar si los de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho a efecto de que el Tribunal de Casación abra su competencia para realizar una nueva compulsa de la prueba, conforme exige el art. 271. I del CPC