Auto Supremo AS/0107/2020

El debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituyéndose en una garantía constitucional, extendido en los presupuestos mínimos que forman parte de un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados entre sí y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia en igualdad de condiciones entre los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Norma Suprema; en sus perspectivas, tiene por un lado, se toma como un derecho en reconocido a todo ser humano; y por otro, se considera como una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; que contiene entre sus elementos configurativos, la defensa, motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas; asimismo y en concordancia con la propia Constitución Política del Estado, el art. 211.I de Título V de la Ley 2492, expresa que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la pronuncia y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas