Auto Supremo AS/0114/2022

Con el fin de sustentar en cuanto al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el contrato y en lo esencial a la necesidad de contar con un Informe técnicamente motivado, que evidencie la identificación de los hitos verificables y los días mora y la aplicación de la fórmula establecida en el contrato, se mencionó la Sentencia N° 002/2020 de 26 de febrero, emitida por la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y el Auto Supremo Nº 606/2020 de 12 de octubre, que tienen aplicación directa con el presente caso; de los cuales la Sentencia señalada ha razonado a la necesaria existencia de un Informe Técnico emitido por el supervisor, debidamente sustentado, en el que se establezca el monto de la multa a ser cobrada; y el Auto Supremo antes referido, indicó que en cuanto al pago de multas por retraso en la ejecución de obras, de manera previa debe existir Informe o documento donde se determine la cuantía o monto de las multas reclamadas y que las mismas, deben ser en la forma y condiciones que establece el contrato suscrito, más aún si el contrato administrativo es elaborado por la entidad pública; por lo que, como se puede advertir dichas exigencias señaladas en la Sentencia y Auto antes referidos, no existen en el presente caso; debiendo en ese sentido haberse aplicado ello en este caso, por ser de aplicación directa, por ser de carácter análogo, siendo que ambas resoluciones versan sobre el pago de multas emergentes de un contrato administrativo.

En el presente caso, sólo refieren a que existe un Informe, pero omitieron analizar el mismo y si este cuenta con el debido sustento técnico, considerando los aspectos que se deben identificar y concurrir para la aplicación de las multas (hitos verificables, días mora, la aplicación de la fórmula para el cálculo de la multa acumulada, entre otros), conforme establece el contrato; por lo que, al no haberse realizado el análisis respectivo del caso, se ha generado inseguridad jurídica, puesto que se omitió aplicar el propio razonamiento que emitió el Tribunal a quo en la Sentencia referida y en un caso análogo, prescindiendo también del Auto Supremo antes señalado que es de aplicación directa al presente caso.